Plataforma Argentina

¿Será usted un niño robado por el franquismo?

maju — 2009-01-19T17:08:55Z

El robo de niños no fue un macabro invento argentino. Dictaduras nefastas como la nazi y la franquista y países como Australia, utilizaron estos recursos para impedir que siguieran prosperando las ideas de “los perdedores”. En España recién la población está comenzando a conocer esta barbarie. Cuando en el año 2006 publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema central es el de los niños robados por la dictadura a los vencidos de la Guerra Civil, muchos pensaron que la historia que contaba era inventada, o al menos que había exagerado las dimensiones de aquella tragedia. Ahora, la causa contra el franquismo iniciada por el juez Baltasar Garzón y abatida por el fuego amigo y enemigo del Gobierno y de los magistrados conservadores de la Audiencia Nacional les ha puesto un número a esos secuestros, al hablar de más de 30.000 niños segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros del Auxilio Social, hospicios, conventos o seminarios, en donde se los reeducaba según los ideales del fantasmagórico Movimiento Nacional. Como se ve, lo que se contaba en aquel libro era una recreación de la verdad, no un invento, ni mucho menos una suposición, pero esa certeza nos lleva a una pregunta que hoy día, tras más de 30 años de democracia, resulta hiriente: ¿cómo es posible que un drama de semejantes dimensiones se haya mantenido oculto tanto tiempo y que, aún hoy, se dificulte o prohíba su investigación desde las alturas del Estado de derecho? Tal vez sea porque esas alturas siempre están cubiertas por la nieve incontestable de la Transición, que con tanta eficacia decora, idealiza y cubre todo lo que está debajo de ella.

Garzón, que ha intentado salvar parte de su proceso inhibiéndose de él en favor de las salas de instrucción territoriales de toda España, ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a los juzgados decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de “desapariciones legalizadas”, son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir. El juez sabe bien lo que dice y cómo decirlo, porque esa palabra, “legalizadas”, es el centro del problema. Los golpistas de 1936 no sólo pretendían exterminar a sus rivales, como demuestran las más de 150.000 personas enterradas en las fosas comunes que el Tribunal Supremo le impide abrir a Garzón, sino también erradicar su ideología. Para conseguirlo, pensaron en quitarles a los republicanos sus hijos para poder sembrar en ellos la doctrina nacionalsindicalista y el odio a las ideas de sus familiares. En esa ciénaga moral hicieron fortuna personajes como el militar y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que había explicado en sus absurdos libros una teoría según la cual el marxismo es una enfermedad mental y contagiosa, por lo cual era necesario separar el grano de la paja, como les gustaba decir a los heraldos negros del Régimen. Cuando los hospicios del Auxilio Social, la organización caritativa fundada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, se llenaron de huérfanos o hijos de presos, y las cárceles acogieron a cientos de mujeres embarazadas o con menores a su cargo, los ladrones de niños tuvieron lugares de sobra donde escoger su botín. Para que el asunto se revistiese de esa legitimidad de la que habla Garzón, al poco de acabar la guerra Franco dictó dos leyes, según las cuales la patria potestad de todos los niños que entraban en el Auxilio Social pasaba a manos del Estado, que de esa manera podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese. A otros se los llevaban recién nacidos, horas antes de fusilar a sus madres, de centros como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, que habían montado junto al río Manzanares. Y a muchos los fue a raptar al extranjero el Servicio Exterior de la Falange, a menudo, a los campos de concentración donde habían ido a parar los exiliados. Según datos recopilados por el historiador Ricard Vinyes, de 32.037 niños enviados por sus padres al exterior fueron repatriados 20.266. Con los años se han ido reuniendo numerosos testimonios de los supervivientes de aquel horror, unos esbozados en libros pioneros como los de la militante comunista Tomasa Cuevas, y otros debidos al trabajo de historiadores como Miguel Ángel Rodríguez Arias, reciente autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, o el propio Vinyes, que ha asesorado a Garzón y que fue el inspirador del documental Los niños perdidos del franquismo, realizado por Montse Armengou y Ricard Bellis, que puso sobre la mesa ese espanto que sigue entre nosotros, porque como señala Garzón, “las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas”. ¿Cuántas personas de este país no son quienes creen ser ni vienen de donde creen venir? Según los datos que obran en el sumario, la cifra de hijos de presas tutelados por el Estado llegó en 1955 a casi 31.000, tal y como le comunicó al propio Franco el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas. Algunas víctimas recuerdan haber sido entregadas en adopción y devueltas por quienes se los habían llevado hasta cuatro veces, y haber tenido, por tanto, cuatro apellidos diferentes. Y en un documento interno de Auxilio Social se reconoce que el asunto se les está yendo de las manos, porque muchos no se llevan a los niños para criarlos como hijos, sino para trabajar en sus tierras o sus casas prácticamente como esclavos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le ha pedido a Garzón que ordene de inmediato que se hagan pruebas de ADN a las víctimas, alegando su edad, porque esa urgencia justificaría que se ocupase del asunto la Audiencia Nacional, y argumenta que aunque la Sala de lo Penal declaró que Garzón no es competente para investigar el genocidio franquista, dejó abierta la puerta a la realización de pruebas inaplazables para averiguar el delito. Para demostrar que el tiempo se acaba, la ARMH recuerda a dos mujeres, Emilia Girón y Marina Álvarez, que murieron el año pasado sin llegar a encontrar a su hijo y a su hermana, y pide que se evite que eso ocurra en otros casos, los de Agustina Gómez, de 100 años, Julia Manzanal, de 93, y los hermanos José y María Setefilla Sánchez, de 75 y 73, que también buscan a sus familiares. Además, consideran clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varios penales, por lo que puede dar fe de cómo los niños eran robados a sus madres. Será difícil que la iniciativa prospere, porque nuestro país se ha acostumbrado a considerar el abandono que sufren muchos represaliados por la dictadura una especie de mal necesario, cuando no a verlos a ellos como una presencia molesta que enturbia la imagen luminosa que la admirable democracia española quiere dar de sí misma, y olvidando en ocasiones que su meta no es parecer infalible, sino ser justa. ¿Seré yo una niña o un niño robado a mis padres por la dictadura? Esa pregunta se la podrían hacer muchas personas que tal vez sospechen de su pasado, hoy mismo, mientras se arreglan frente al espejo, y no es bueno que su país no quiera responderles. Fuente: Boletín Argentino

Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos (UADH)

Flor — 2007-12-24T08:42:33Z

El organismo de Derechos Humanos trabaja desde hace cuatro años acompañando diversas luchas de los trabajadores, y promoviendo la organización barrial. Cuentan con una guardia permanente que interviene en casos de detenciones arbitrarias y de abuso policial.

En estos días los integrantes de la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos (UADH) están acompañando a los trabadores en lucha de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes hace más de veinte días llevan adelante una resistencia sostenida en defensa de las fuentes laborales. Entre otras luchas, también están codo a codo con los trabajadores del Lavadero Virasoro. “Como organismo nos sentimos con la obligación de acercarnos a todas las luchas por trabajo, por educación, porque entendemos que esa es la fuerza social que va a dar un cambio radical que va a implantar otro tipo de sociedad donde estas cosas ya no pasen y no creemos en una democracia mejorada, sino en otro tipo de sistema, por eso apostamos a la lucha y a los trabajadores. Estamos con ellos en todas las cosas que los podamos ayudar, ese es nuestro trabajo”, expresa Ana, abriendo paso a la charla con enREDando sobre el quehacer de la organización conformada en Rosario hace cuatro años.

Integran la UADH alrededor de veinte compañeros, quienes semanalmente discuten cuestiones políticas y acciones a desarrollar a través de las comisiones de trabajo. “Un equipo se dedica a la Causa Feced, dentro del cual una compañera (Alicia Bernal) es querellante. Otros hacemos el boletín, que es nuestro órgano impreso de difusión sobre las posiciones políticas. También realizamos un micro radial semanal que dura 5 minutos, se pasa en FM Aire Libre, en la TL, en una radio de Baigorria y de Pergamino”, comenta Ana. A la vez, cuentan con una guardia permanente, que trabaja las 24 horas para poner freno a los abusos policiales, está integrada por compañeros/as que intervienen en toda la ciudad de Rosario. “Repartimos una Cartilla donde están las recomendaciones y actuaciones ante una detención, figuran los derechos básicos y el TEL (0341- 155 882788) para denunciar detenciones o palizas por parte de la policía. Actuamos ante casos de represión, para frenar la golpiza sobre todo”, explica Nicolás.

“Hace dos años que no apagamos el teléfono, es una actividad donde no hay sábados, domingos ni feriados. No sólo que esto viene dando resultados porque luego de las intervenciones hacemos charlas en los barrios explicando cuál es nuestra función y cuáles son los derechos básicos, sino que nos ha abierto un montón de puertas de gente que se interesa por el trabajo del grupo. El fin de esta guardia no es hacer asistencialismo jurídico, sino tratar de que los barrios se organicen, sabiendo cuáles son sus derechos, como tienen que manejarse, hay casos que los resuelven ellos”, explica Ana y agrega: “Está comprobado que en los barrios donde la gente logra organizarse y empieza a repeler la represión, la cana empieza a actuar de otra manera, y esa organización primaria es el primer paso para que la gente empiece a forjar una idea organización superior en donde se puedan plantear otras cosas, para nosotros es una pequeña manera de arrancar”. Según datos de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la policía de Santa Fe es la más gatillera y ejerce su control sobre los más jóvenes y pobres.

La UADH lleva trabajados más de cien casos, revirtiendo incluso el mito que sostiene que sólo un abogado puede frenar los abusos del poder policial. “Entendemos que la salida individual del robo o la droga son situaciones producidas por el mismo sistema. Tratamos de que no se avasallen los derechos fundamentales, luego trabajaremos con esas personas sobre las salidas posibles, que para nosotros estará dada por la lucha organizada”, define Ana.

Los inicios

La UADH se constituyó en el año 2003 a partir de la disolución de la Comisión de Escraches de Rosario, en la cuál confluían organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, políticos y compañeros independientes.

El grupo recuerda que en ese entonces se realizaron cerca de 25 escraches en toda la zona y que el punto de inflexión fue el escrache al Juez Baltasar Garzón. “Garzón es muy renombrado internacionalmente, fue candidato al premio Nóbel de la Paz, pero a la vez muy cuestionado por avalar las torturas de la ETA y del pueblo vasco en España. El accionar en su país es muy distinto del que se muestra acá”, sostiene Nicolás, recordando que ese escrache expuso diferencias políticas concretas. Asimismo, en la UADH funciona un pequeño equipo de escrache.

¿Desde donde?

“Como organismo tenemos una concepción que no todos tienen, pensamos y estamos convencidos de que este Estado independientemente de la forma que adopte (sea democracia o dictadura) es un estado terrorista porque es capitalista, y como tal necesita ejercer el control social a través de estas fuerzas de seguridad que son su brazo armado. A partir de esa concepción creemos que no es casual que se ejerzan estas prácticas de represión sistemática contra los sectores populares y contra los trabajadores en lucha”, referencia Ana. “No creemos que un movimiento u organismo cambie la sociedad, sí creemos totalmente necesaria la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y por lo tanto nosotros somos un organismo que ejerce la resistencia al capitalismo a través de herramientas del pueblo para la lucha, pero tampoco sostenemos que vamos a ir con la UADH al socialismo, son los trabajadores quienes van a cambiar esto”, agrega Nicolás parte de las concepciones político ideológicas de la agrupación.

“Nuestras posiciones no son las comunes al resto de los organismos y a veces existe un aislamiento en ese sentido, pero tarde o temprano (como pasó con Sutter Schneider), nos seguimos convenciendo de no bajar los brazos, de seguir firmes en la política que supimos fundar con la Comisión de Escraches, eso nos trae muchos aciertos, que no son personales ni para el organismo, sino para el pueblo. Son pasos que vamos dando y que demuestran que el poder judicial es burgués y por lo tanto va a estar en relación a los intereses de la clase dominante”, concluyen.

Contactos:

TE: (0341)155-882788, guardia permanente

E-mail: info@uadh.org

Web: www.uadh.org

Los derechos humanos en la gestión Kirchner

Flor — 2006-08-16T08:20:03Z

Argentina: Informe de situación 2003-2006 Los Derechos Humanos en la gestión Kirchner (Parte II) Por: CORREPI (Fecha publicación:15/08/2006)

Detenciones arbitrarias

Uno de los permanentes reclamos antirrepresivos es el cese de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Este tipo de arrestos, que afectan a centenares de miles de personas por año en todo el país, es una de las herramientas de control social más efectivas, pues instala y naturaliza en la población más vulnerable -aquella que debe ser disciplinada- la idea de que cualquiera puede ser detenido sin motivo alguno en cualquier momento, por la pura discrecionalidad policial.

Los códigos de faltas y contravenciones y la facultad policial de detener personas “para identificar” o en “averiguación de antecedentes” existen en forma uniforme en todo el territorio nacional, dando a las policías federal y provinciales, y en menor pero creciente medida, a la gendarmería y prefectura, la posibilidad real de realizar detenciones que luego son “blanqueadas” por la vía contravencional o la identificatoria. No es exagerado afirmar que mientras estas facultades subsistan, todos los habitantes de la nación, pero en especial los que integran el segmento de “los sospechosos de siempre”, estamos en situación de libertad vigilada.

El sistema contravencional y la “doble A” son absolutamente incompatibles con un estado de derecho ya que atentan contra las mínimas libertades ciudadanas. Así lo afirmó la Corte Interamericana de DDHH en la sentencia del Caso Bulacio el 18 de septiembre de 2003, y por ello ordenó, en el más importante punto dispositivo de la condena al Estado Argentino, la revisión de todo el sistema de detenciones policiales y su adecuación a los principios consagrados en la Convención Americana que nuestro país se ha comprometido a respetar.

El actual gobierno, pese a sus recurrentes afirmaciones de defensa de los DDHH, viene incumpliendo sistemáticamente la sentencia de la Corte IDH, reconocida como órgano jurisdiccional superior, incluso, a nuestra propia Corte Suprema. Primero instruyó a los ministros de la “renovada” Corte Suprema para que, al filo de la aplicación de sanciones por el incumplimiento, en diciembre de 2004, sacaran un fallo lavado e inconsistente, puramente formal, que reconoce -porque la Constitución no les deja resquicio en ese punto- que la sentencia debe ser acatada. En ese pronunciamiento, encabezado por el voto del “progresista” Eugenio Raúl Zaffaroni, se admite que la causa no ha prescripto, pero dejan los ministros -y Zaffaroni en particular- sentado su desacuerdo con el punto esencial del fallo internacional: no admiten que todo crimen policial (o de cualquier fuerza de seguridad) es imprescriptible, porque al ser el estado el autor, es una violación a los derechos humanos. Se niegan a reconocerlo y cometen desobediencia a su superior, la Corte IDH, porque si lo hicieran, todos los delitos policiales y de los demás miembros de agencias represivas del estado deberían ser inmediatamente incluidos en la categoría de imprescriptibles, perdiendo los jueces una de las herramientas habituales para garantizar la impunidad de los sicarios del sistema: la prescripción de las causas penales. En el mismo fallo los cortesanos nacionales se alzaron contra la Corte IDH al no reponer a la familia como querellante, lo que explícitamente ordena la sentencia internacional.

En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura recibió hace más de dos años los antecedentes del caso para cumplir otro punto de la sentencia internacional: la sanción a los jueces y camaristas nacionales que la Corte IDH consideró “responsables de esta gravísima situación de impunidad”, por haber dilatado 15 años el trámite de la causa penal sin llegar a una sentencia. No sabemos que se haya iniciado un expediente todavía.

Finalmente, en lo que hace al sistema de detenciones arbitrarias, una y otra vez ha instado la Corte IDH a la Argentina a cumplir lo ordenado. Lejos de revisar los mecanismos que permiten a policías y otras fuerzas de seguridad realizar arrestos ilegales, esas facultades se han incrementado a nivel nacional y local. Los códigos de faltas y contravenciones son constantemente reformados para endurecerlos, mientras jueces y legisladores permanentemente amplían el menú de justificaciones para que se detengan personas fuera de las únicas hipótesis contempladas por la Constitución Nacional y la Convención Americana de DDHH, esto es, la flagrancia o la orden judicial preexistente.

Estas facultades, que tienen por objeto aplicar el control social, recaudar para la “caja” policial y simular un nivel de eficiencia en la “guerra contra la inseguridad” totalmente desvinculado de la prevención de hecho delictivo alguno, generan a su vez las condiciones materiales para hechos de muchísima gravedad, pues el detenido en esas circunstancias es la víctima habitual de torturas, que llegan en no pocos casos a producir la muerte.

No hay otra explicación para la deliberada omisión del gobierno de Néstor Kirchner en cumplir con la sentencia del Caso Bulacio que concluir que, como sus antecesores de todas las épocas, NO ESTA DISPUESTO A QUE SUS FUERZAS DE SEGURIDAD PIERDAN SU MAS VALIOSA Y EFICAZ HERRAMIENTA DISCIPLINADORA.

Amenazas, aprietes, hostigamientos

En el curso de los pasados tres años han arreciado los episodios de persecución, hostigamiento y amenazas a militantes, activistas y defensores de derechos humanos protagonizados por el gobierno nacional o sus aliados provinciales. Esta es una enumeración, seguramente incompleta, de los principales acontecimientos represivos de esta índole desde el 25 de mayo de 2003:

Año 2003

El 9 de junio de 2003 personal de infantería de la Cria. 8ª que custodiaba los negocios del empresario Brukman, lesionó al periodista Alejandro Goldin. En julio, compañeros del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos fueron amenazados en la localidad de Eduardo Castex por un ex represor de la dictadura. En julio, integrantes de la Asamblea Popular de Villa Crespo sufrieron persecución y amenazas por parte de la Cría. 25ª de la PFA.

En agosto se sucedió una escalada de amenazas y atentados en Rosario. Eduardo Toniolli de HIJOS-Rosario sufrió un atentado en el que arrojaron una granada que no detonó rompiendo la vidriera de su negocio. Aparecieron pintadas contra el profesor Gustavo Brufman, víctima hace unos años de un atentado explosivo junto a Mariana Hernández Larguía, y denunciante en una causa contra un represor. A tres años de estos hechos no se conoce que hayan descubierto ningún responsable.

En octubre de 2003 el abogado peruano Ricardo Guzmán Cevallos sufrió un atentado xenófobo y racista por parte de integrantes de la Policía Federal en el barrio de Abasto. En ese mes, un grupo de derecha capitaneado por la diputada electa por el menemismo bonaerense Mirta Pérez intentó atacar al compañero Daniel A. Stragá a la salida de un programa televisivo donde polemizó con aquella. Por otro lado, una patota del PJ y de transas locales llevó adelante un violento desalojo de un comedor popular del MTD Aníbal Verón en José C. Paz.

Año 2004

Este fue probablemente el año con mayor persecución ideológica de la gestión K. y el año con mayor cantidad de presos políticos desde Alfonsín. También fue el año de la avanzada del “manodurismo” impulsado por el Juan Carlos Blumberg, instrumento de la derecha que se pronunció públicamente acusando a los organismos de derechos humanos de defender delincuentes, con el doble propósito de desprestigiar la lucha contra la violencia institucional y relegitimar a las fuerzas de seguridad. En ambos sentidos, su estrategia fue coincidente con la del gobierno, que hizo propias e impulsó legislativamente las medidas reaccionarias propuestas por el ingeniero.

Comenzó el año con la prédica del secretario general del Sindicato de Peones de Taxis Omar Viviani, que llamó a “matar a todos los piqueteros” en coincidencia con la decisión oficial de coartar aún más el derecho a manifestarse en la vía pública.

En mayo se conocieron los términos de la querella promovida contra el compañero Daniel A. Stragá de CORREPI por la diputada oficialista Mirta Pérez, causa que sigue abierta y camino al juicio oral.

A mediados de ese mismo mes, Juan López, trabajador del frigorífico Tango Meat, recibió un disparo de Ithaka efectuado por personal policial convocado por la patronal en el marco del conflicto gremial de la empresa.

En junio los fiscales platenses Romero y Heredia instruyeron a la policía bonaerense para fotografiar, identificar y detener a todos los piqueteros que cortaran calles utilizando capuchas y palos.

El 9 de julio, la agrupación oficialista Patria Libre y su brazo de desocupados apalearon a manifestantes que intentaban una protesta contra el presidente en la ciudad de Tucumán.

En julio se conocieron denuncias de organizaciones barriales de Moreno por las amenazas y provocaciones sufridas a manos de patotas del intendente Mariano West.

El 26 de agosto se sucedieron varias amenazas contra el movimiento de derechos humanos. Blumberg acusó a los organismos de ser defensores de delincuentes y se manifestó partidario de la pena de muerte.

En el mes de noviembre y en el marco del juicio contra los policías bonaerenses Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó, jefe y lugarteniente del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, la familia Ríos fue amenazada por otros integrantes de la agencia Tres Ases, empresa de seguridad privada del primero.

En diciembre, mientras CORREPI y otras organizaciones sociales y políticas acampaban en Plaza de Mayo reclamando una “Navidad sin Presos Políticos”, varios de los manifestantes sufrieron amenazas de parte de la P.F.A.

Año 2005

Próximos a cumplirse 29 años del Golpe Militar, hubo una serie de amenazas y acciones intimidatorias contra militantes populares en la provincia del Neuquén, a las que no fueron ajenos ni el gobierno nacional ni el provincial de Sobich.

La esposa de un ceramista de la fábrica ex Zanón -hoy FaSinPat (Fábrica Sin Patrón)-, primero fue secuestrada en un Falcón verde, le cortaron la cara con un bisturí y en una segunda oportunidad fue golpeada y la quisieron asfixiar. En esos días, el gremio judicial recibió una esquela reivindicando a la dictadura del 76, enviando amenazas de muerte “si no se dejaban de joder con el gobierno neuquino”. El 14 de marzo volvieron a recibir amenazas la Defensora de Niños y Adolescentes, Dra. Nara Oses y la defensora adjunta Dra. Edith Galarza, ambas ligadas a la RED POR LA IDENTIDAD PATAGONICA (Neuquén-Cipolletti-General Roca-Lagos del Sur-Río Grande).

El sábado 28 de marzo, al abordar un colectivo en Villa Fiorito, Andrés Amado, militante de CORREPI, fue atacado por dos hombres que lo golpearon, le gatillaron en la cabeza y lo amenazaron diciendo que la próxima vez el arma estaría cargada. Otros integrantes de CORREPI sufrieron amenazas telefónicas e incursiones en sus domicilios en esa semana.

En los primeros días del mes de mayo la abogada salteña Mara Puntano fue amenazada por un jefe de la Gendarmería de apellido De la Colina. El 6 de junio el compañero Sergio Smietniansky de CORREPI encontró en la puerta de su estudio jurídico pintadas que decían “Zurdos = Judíos” y la consabida cruz svástica, atribuibles a grupos de neonazis ligados al PNOSP.

En el Barrio La Fe, Leonardo Santillán, hermano de Darío, fue agredido y amenazado por numerarios de la Cría. 6ª de Monte Chingolo.

El 20 de junio, en el acto en Rosario donde hablaría Kirchner, una manifestación que intentaba ir al lugar fue reprimida por la patota de Patria Libre y Barrios de Pie. Un periodista y un militante de la APDH de esa ciudad resultaron heridos.

Durante el mes de julio, Jorge Nicolai, sobreviviente de una de las tantas causas fraguadas por la Policía Federal de Aníbal Fernández, sufrió una serie de amenazas después de su aparición televisiva en el programa “La Liga”. Cerca de su casa en Florencio Varela fue interceptado por un automóvil, lo apuntaron y amenazaron de muerte. Para fin de ese mes recibió dos amenazas más. En las tres oportunidades los patoteros se refirieron a su denuncia contra la policía federal.

El 17 de agosto, el médico y colaborador de Liberpueblo Eduardo Marquesoni fue detenido en General Pico en ocasión de marchar contra el juez Julio Fernández. A mediados del mes de septiembre, en un barrio de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, una patota de empleados municipales encabezados por el senador provincial Traferri y la intendenta Mónica Quintana agredió físicamente a vecinos y militantes de derechos humanos. A mediados de ese mes, la UOCRA filial Chubut amenazó a los miembros de la Asamblea Popular de Esquel.

El 26 de septiembre el intendente marplatense Daniel Katz, en declaraciones radiales amenazó con prisión a todos aquellos que perturbaran la Cumbre de presidentes del mes de noviembre. Prometió mano dura contra los que hicieran pintadas contra Bush.

El 10 de octubre, mientras militantes del SIMECA aguardaban fuera de la comisaría 2ª de la PFA conocer la situación de tres compañeros detenidos en una movilización, algunos de sus referentes recibieron amenazas en sus handies y celulares de trabajo, provenientes de los aparatos que fueron secuestrados a los que estaban detenidos. El 23 del mismo mes, un militante del MTD Aníbal Verón de Morón fue detenido y golpeado por policías de las Crias. 2ª y 6ª de Morón.

El 30 de octubre ciento veinte familias que habían ocupado un predio desocupado en el Barrio San José de Almte. Brown, Pcia. de Buenos Aires fueron apaleados por una patota del municipio.

El 1 de noviembre, luego de una justificable reacción de los usuarios del ferrocarril Sarmiento en la Estación Haedo, el ministro del interior Aníbal Fernández ya encontraba culpables y amenazaba con consecuencias penales a la agrupación Quebracho y al Partido Obrero.

Para el mes de diciembre hubo una escalada intimidatoria en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la Provincia, con ataques a los locales del SERPAJ, el PO y ATE Quilmes.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Yanzón de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció las amenazas de muerte a él y su grupo familiar de las que fue objeto apenas comenzado el día internacional de los derechos humanos.

Para finalizar el año deben computarse las amenazas contra militantes de los derechos humanos por parte del intendente Scott de la localidad santafesina de Venado Tuerto. Este personaje afirmó, ante el anuncio de un escrache promovido por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y UADH, que iba a recibir a los manifestantes a los tiros de sus dos nuevas pistolas calibre 9mm.

Año 2006

Durante el año en curso se han incrementado las intimidaciones a militantes.

La noche del jueves 2 de febrero la compañera María del Carmen Verdú de CORREPI, en esos días abocada a la defensa del dirigente piquetero Ricardo “Chacho” Berrozpe, detenido en Mar del Plata luego de la movilización en repudio a la presencia de Bush, fue intimidada por varios individuos a bordo de un automóvil. La patente del auto resultó estar registrada en Mar del Plata. Luego de efectuada y ratificada la denuncia penal, aportando el dominio del automóvil, no hubo ninguna novedad judicial.

Pese a la cercanía casi omnipresente de la Sra. Barnes de Carlotto con el gobierno, en marzo de este año otra dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, Antonia de Zegarra, denunció que “ni en plena dictadura” las amenazaron “tanto como lo han hecho ahora”, desde que apareció Sebastián, el nieto número 82, en febrero. Zegarra dijo que las amenazas son “constantes” y “anónimas” y se reciben en domicilios y oficinas del organismo. Desde la sede de las Abuelas ubicada en pleno centro de Mar del Plata se informó que los mensajes que se dejan en los contestadores telefónicos reivindican al desconocido Comando 24 de Marzo.

En la misma época, en Córdoba, Sonia Torres de 77 años, titular de la filial local de Abuelas, fue golpeada brutalmente por tres individuos armados, en un hecho al que los dirigentes de la agrupación calificaron como “un acto intimidatorio” que se suma a amenazas recibidas en los últimos días.

En el mismo contexto, en la ciudad de Rosario un mural pintado frente a la Escuela Industrial Superior en el 30 aniversario del golpe de estado, apareció dañado con cruces svásticas y vivas a Videla.

Dentro de este marco, deben destacarse situaciones explícitamente impulsadas por el propio gobierno, como las amenazas sufridas por el compañero Osvaldo Barros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos después del 24 de marzo, que consistió en grabar en el contestador de su teléfono celular una reunión en la que había participado.

No puede olvidarse, en el marco de las presiones impuestas desde el gobierno en torno del 24 de marzo, la calificación de “izquierda siniestra” que pronunció el ministro Aníbal Fernández respecto de quienes no aceptaron compartir el palco oficial. En el mismo sentido, haciendo gala de su obsecuencia, el referente de la organización oficialista Patria Libre se dirigió amenazante a la compañera Adriana Calvo de AEDD para evitar que se leyera un documento crítico hacia el gobierno y, en un programa de radio, calificó a nuestra compañera María del Carmen Verdú como “desestabilizadora”.

En abril del año en curso, el Centro Olga Vázquez del Frente Darío Santillán fue atacado e incendiado por una organización abiertamente oficialista. El día 8 de abril, militantes del oficialista Movimiento Evita fueron atacados por policías de la Cría. 30ª en Barracas, dejando un saldo de varios heridos, entre ellos uno de gravedad.

Ese mes, la UOCRA Neuquén atacó a los maestros en lucha y la misma UOCRA, pero en San Luis, agredió violentamente una manifestación contra Rodríguez Saa. Un mes después, los obreros de la construcción reemplazaron a policías que estaban autoacuartelados y patrullaron las calles de San Luis capital y Villa Mercedes.

El 10 de mayo de 2006 el abogado Cristian Hendrickse, que representa a varias víctimas de hechos represivos policiales en Chubut, fue notificado de una denuncia en su contra radicada por un vecino y que databa de casi dos años atrás. La denuncia tenía como propósito intimidar por la manifestación que se impulsaba por el primer aniversario del asesinato bajo custodia de Gumersindo Vergara y otras acciones judiciales contra la policía chubutense patrocinadas por Hendrickse. En el mismo mes de mayo se conoció el hostigamiento judicial sufrido por la abogada de FIDELA María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora de los presos de Haedo.

Finalmente, en Neuquén, durante la realización de una actividad político-cultural en Casa Marx en la madrugada del 9 de julio, fue golpeado y detenido el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Leopoldo Denaday mientras hacía ejercicio de su profesión.

Patotas

El actual régimen acude de manera creciente a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud o perseverancia necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota.

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner se dieron una serie de conflictos en los que sindicatos u otras organizaciones controladas por el Partido Justicialista, llevaron adelante una agresión feroz y abierta contra luchadores populares, sin el más mínimo reparo en cuidar la imagen del gobierno, pues se pretende desvinculada del mismo.

Así fue como, frente a las repetidas movilizaciones de los estudiantes en oposición al intento de la asamblea del Consejo de la Universidad de Buenos Aires de nombrar a Atilio Alterini, represor de la dictadura, como decano de la Universidad, el sindicato de no docentes APUBA atacó a los estudiantes en la Facultad de Medicina, golpeando gravemente a uno de ellos que debió ser hospitalizado.

Del mismo modo en Neuquén, ante la perseverancia de las medidas de lucha llevadas adelante por los docentes, que cortaban la ruta en el acceso a una planta de Repsol-YPF, patotas de la UOCRA los atacaron con piedras y palos hasta desalojarlos. Este hecho en particular fue acompañado por una campaña de propaganda llevada adelante por los Padres Autoconvocados Neuquinos (PAN) que distribuían volantes en la ruta con la inscripción “Queremos escuelas y rutas abiertas.” Este mismo grupo fue el que se encargó de amedrentar a los estudiantes secundarios de la misma localidad cuando llevaron adelante un mes de luchas por mejoras edilicias, viandas y la derogación del decreto 424/06 que permitía a la policía apostarse dentro de las escuelas al solo llamado del Consejo Provincial de Educación.

También se reprimen los conflictos laborales con el aporte de las agencias de seguridad privadas, quienes encarnando el rol policial, llegaron a retener dentro de los edificios a los trabajadores. Los empleados de Telefónica en Barracas se disponían a realizar una asamblea por la falta de pago de los salarios y la seguridad privada contratada por la patronal se encargó de impedir la entrada y salida de los trabajadores. En Crónica, los trabajadores en asamblea por despidos fueron atacados por 'patovicas' contratados por la patronal, que hirieron a algunos de los trabajadores e impidieron la salida hacia un hospital y el ingreso de los médicos.

Los grupos paraestatales suelen ser los encargados de liberar las calles de manifestaciones opositoras. Como ocurrió un 9 de julio en Tucumán, en Rosario, durante una vista del presidente con el motivo de Día de la Bandera, organizaciones sociales promovieron una marcha de oposición. Barrios de Pie, organización de desocupados kirchnerista, atacó la movilización para impedir que se acercaran al lugar del acto, lesionando a varios manifestantes y a un periodista que se encontraba cubriendo la noticia.

Más recientemente, el 24 de marzo, las organizaciones oficialistas intentaron sabotear la lectura del documento que denunciaba la continuidad de la miseria, de la represión y el encarcelamiento de compañeros por enfrentar al gobierno.

Human Rights Watch invita a los blogger a hacer activismo en favor de los derechos humanos

Flor — 2006-01-24T21:49:48Z

Human Rights Watch se suma al movimiento blog para buscar activistas de derechos humanos. El mejor ejemplo de blogger-activista es Omid Memarian, periodista iraní que será homenajeado por la organización el próximo 8 de noviembre.

“Si tienes un blog puedes usarlo como púlpito para levantarte con activistas y víctimas y prevenir la discriminación, defender la libertad, proteger a la gente de tratos inhumanos y hacer campaña para llevar a los delincuentes ante la justicia”. Con estas palabras, Human Rights Watch busca la complicidad de usuarios y seguidores de todo el mundo para difundir a través de los blogs -también llamado periodismo ciudadano- acciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos.

Pero no sólo anima a hacer activismo a los "bloggers", también ofrece en su página web una forma sencilla de adaptar o crear nuestro propio blog para apoyar causas relacionadas con los derechos humanos, al tiempo que ofrecen ayuda para actualizar el blog con temas de derechos humanos y activar links.

Omid Memarian, periodista y “blogger”

Uno de los mejores ejemplos de utilización de un blog con estos fines es el del periodista y activista iraní Omid Memarian. La historia de Omid Memarian es la historia de una lucha encarecida por transformar el régimen de su país en uno más libre y justo. Comenzó trabajando para un periódico reformista hasta que el gobierno iraní endureció sus medidas contra la prensa y acabó con muchos periódicos independientes. A pesar de las amenazas, Memarian continuó informando sobre derechos humanos desde su weblog. Ha sido pionero en este nuevo medio dedicado a temas sociales y culturales de Irán.

Como consecuencia de su activismo, Omid fue arrestado junto con otros 20 bloggers en octubre de 2004. Fue sometido a torturas aunque la presión internacional consiguió que fuera puesto en libertad en diciembre de ese mismo año. Desde ese momento, Omid Memarian, ha trabajado con Human Rights Watch para denunciar torturas y malos tratos en Irán.

El próximo 8 de noviembre Memarian recibirá un homenaje de esta organización por haber luchado a través de la Red por un regimen más democrático y abierto en Irán.

Más información:

Human Rights Watch