Plataforma Argentina

APOYAMOS AL JUEZ GARZÓN FIRMANDO: "NOSOTROS ACUSAMOS"

maju — 2012-02-04T16:09:45Z

NOSOTROS ACUSAMOS

maju — 2012-01-23T19:24:10Z

El 24 de enero de 2012 el Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia: el juez Baltasar Garzón va a ser sometido a juicio por pretender investigar los crímenes del franquismo.

La impiadosa e inaudita persecución judicial que este juez está sufriendo excede a su persona. Sin perjuicio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico que algunos magistrados han puesto en marcha, es el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar dichos crímenes lo que explica el desafuero que están cometiendo.

Contraviniendo la Constitución, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este Tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que los mismos establecen.

Las consecuencias que ha tenido este insólito desmán judicial perturban y acongojan. En lo inmediato, la suspensión en sus funciones del juez, el absoluto desamparo para las víctimas, la paralización de toda investigación penal sobre uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo pasado y la advertencia implícita a cualquier juez español que coincida con el sancionado. A más largo plazo, advierten que cuando median intereses materiales, ideológicos o políticos hay crímenes que no se investigan y criminales que no se juzgan.

Le imputan a Garzón haber dictado resoluciones injustas por haber tenido la osadía de pretender investigar crímenes que sólo se explica que aún no estén juzgados por la impunidad que se ampara en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, cuya declaración de nulidad ha sido instada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, por ser violatoria de normas imperativas del derecho internacional y, por tanto, obligatorias para todos los Estados.

La Ley de Amnistía, en todo caso, sólo se refiere a la extinción de responsabilidad penal de los delitos cometidos con intencionalidad política. Ni de su texto se desprende que pretendiera albergar a quienes hubieran cometido crímenes lesivos para la humanidad ni, aunque así se lo hubiera propuesto o se quisiera interpretar, sería admisible. Salvo que se entienda, por ejemplo, que los nazis hubieran podido o pudieran ser eximidos de responsabilidad por estas causas.

En el colmo del despropósito, se trata del mismo Tribunal Supremo que juzgó - y condenó a más de mil años de prisión - al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina sosteniendo que éstos pueden y deben ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquél pretendió investigar delitos de similar tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos miembros de ese Tribunal lo acusan de prevaricador y van a juzgarlo.

La torcida interpretación de la ley de amnistía y la negativa judicial a juzgar estos hechos ilícitos no sólo sumen en el descrédito y la vergüenza, nacional e internacional, a la administración de justicia española, sino que desamparan a los cientos de miles de víctimas que en su día lucharon por defender la legalidad republicana y por eso sufrieron muerte, desaparición y destierro. Y a sus familiares que, pasados ya más de setenta y cinco años del comienzo de la acción criminal, deben seguir reclamando infructuosamente reparación y justicia.

En Alemania, Francia, Italia... se sigue juzgando a los genocidas nazi-fascistas por hechos cometidos aún antes de los que Garzón imputaba a los asesinos españoles. En Argentina, Chile, Uruguay... se juzga a criminales que pretendieron ser amparados con leyes que los exoneraban de responsabilidad penal.

Tras cuarenta años de dictadura y treinta y cinco de democracia, en España no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países en los que se cometieron crímenes semejantes. Ni a un solo niño robado por la dictadura se le ha restituido su identidad; ni un solo victimario ha sido identificado judicialmente; ni a uno un juez le ha tomado declaración. No hay nadie, en fin, que haya sido imputado por la comisión de alguno de los múltiples, masivos y generalizados crímenes cometidos.

Los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo pueden y deben ser juzgados.

Encubren estos crímenes quienes se niegan a investigarlos, calumnian quienes le atribuyen delito al juez que pretende hacerlo.

Hay prevaricadores, pero Garzón no es uno de ellos.

Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas.

A ellos han de serles aplicadas las sanciones que el Código Penal prevé para quienes encubren delitos y prevarican. A esas penas deberán enfrentarse cuando cese el desvarío y el derecho y la justicia sean restablecidos.

A ellos los acusamos.

envió: Dr Carlos Slepoy- España

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ONCE JUICIOS PARA EL 2012

maju — 2012-01-17T06:43:19Z

Está previsto el comienzo de juicios orales por delitos de lesa humanidad en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Chubut y Capital. Videla, Bessone y Menéndez, entre los acusados. Se destaca el proceso por la Masacre de Trelew.

Once juicios orales por delitos de lesa humanidad cuentan ya con fecha confirmada para comenzar durante la primera mitad de 2012. El ex dictador Jorge Rafael Videla y los represores Luciano Benjamín Menéndez y Albano Harguindeguy son algunos de los militares que serán juzgados. La primera audiencia se realizará en Mar del Plata, el 9 de febrero, y le seguirán debates en Córdoba, Rosario, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Capital Federal. El inicio del juicio por la Masacre de Trelew, a cuarenta años del crimen, un nuevo proceso por los delitos del Circuito ABO, nuevas investigaciones por delitos en el centro clandestino La Perla, auguran, en materia de derechos humanos, un año similar al 2011, que llegó a cifras record de imputados y condenados desde la restauración de la democracia.

Mar del Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar el 9 de febrero a tres ex militares y dos civiles por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista de la localidad de Olavarría. Durante el juicio serán juzgados los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez.

Córdoba. La semana siguiente, con fecha confirmada para el 14 de febrero, comenzará en Córdoba un juicio contra tres ex policías miembros del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1 de la policía provincial. Se los juzgará por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista, ocurrido en 1976. Los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri están acusados de detener y fusilar a los estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva.

Córdoba II. También en la capital cordobesa, pero ya a mitad de año, el 12 de junio, comenzará un nuevo juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de la causa denominada “Menéndez III”. En este nuevo proceso –el cuarto juicio por violaciones a los derechos humanos que se realizará en la provincia– se investigarán delitos cometidos en el centro clandestino de La Perla entre 1975 y 1978. El expediente acumula ocho causas, con posibilidad de agregar una novena que involucra a 32 víctimas de la represión.

Rosario. Dentro de poco más de un mes, el 27 de febrero, comenzará en Rosario un juicio por la Masacre de Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de la ciudad de San Nicolás, en donde murieron cinco personas. Se indagará y juzgará al coronel Manuel Fernando Saint Amant, al ex policía Antonio Federico Bossie y al ex comisario Jorge Muñoz, a quienes se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de la familia Amestoy, integrada por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, y por sus hijos Fernando, de tres años, y María Eugenia, de cinco. También fue asesinada en el lugar Ana María del Carmen Granada, madre de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y querellante en la causa.

Neuquén. Para marzo se prevé el inicio de cinco juicios orales. El primero se iniciará el miércoles 7, en Neuquén, en lo que será la segunda parte del juicio por violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa “Luera, José Ricardo y otros s/Delitos contra la Libertad y otros”, conocido como la Escuelita II. Este proceso juzgará a 25 imputados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Neuquén, Río Negro y miembros de servicios de inteligencia, por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 39 víctimas. En este segundo tramo del juicio se espera conocer, además de las responsabilidades de los jefes militares, la actuación de presuntos integrantes de grupos de tareas que actuaron en Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Junín de los Andes, Cutral-Có y Neuquén.

Tucumán. Al debate neuquino le seguirá un juicio en Tucumán, donde a partir del 15 de marzo se dará inicio a las audiencias enmarcadas en la causa que investiga la muerte del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. En este crimen están involucrados el dictador Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Alberto Carlos Lucena y Jorge González Navarro.

La Rioja. También el 15 de marzo, pero en La Rioja, comenzará el juicio oral por el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, conocidos como “los mártires de Chamical”. Murias y Longueville fueron ultimados con armas de fuego en las afueras de esa ciudad, tras habérseles vendado los ojos y atado las manos. El hecho ocurrió 17 días antes de la muerte del obispo Enrique Angelelli. Serán juzgados el entonces vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, también Luciano Benjamín Menéndez y el ex comisario de la policía de Chamical, Domingo Benito Vera.

Paraná. En la ciudad entrerriana comenzará el 21 de marzo el proceso por los crímenes cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, juicio en el que se encuentra imputado el ex ministro del Interior general Albano Harguindeguy. Estas audiencias sentarán al banquillo a nueve militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Además de Harguindeguy, serán juzgados el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, general Ramón Genaro Díaz Bessone; el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el ex jefe del Regimiento de Gualeguaychú Juan Miguel Valentino, el ex jefe de sección en esa misma guarnición militar Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral. Los otros represores involucrados son el ex jefe departamental de Policía de Gualeguaychú Marcelo Alfredo Pérez; el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía Juan Carlos Mondragón y los policías federales Francisco Crecenso y Julio César Rodríguez.

Santa Fe. El 22 de marzo, en tanto, comenzará en Santa Fe el juicio contra el ex policía Juan José Luis Gil, imputado por amenazas y coacciones contra funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en una causa por crímenes contra los derechos humanos que se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista. Gil es un ex integrante de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina durante la represión.

Trelew. En abril llegará el inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida en 1972, dejando un saldo de 16 muertes. Las audiencias comenzarán el martes 10 y se desarrollarán en Comodoro Rivadavia. Se juzgará a seis imputados por torturas y homicidios agravados contra 19 víctimas. Los acusados son: Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Norberto Paccagnini y Luis Emilio Sosa. Serán juzgados por su actuación en la base Almirante Zar de Trelew, cuando el 22 de agosto de 1972 fueron fusilados los presos políticos Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

Capital. El 16 de abril se comenzará a juzgar en la ciudad de Buenos Aires a los represores Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por delitos cometidos en perjuicio de 181 víctimas, en lo que será un nuevo juicio por crímenes dentro del circuito de centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, conocido como ABO. Se encargará de ello el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. En diciembre de 2010, 16 represores fueron condenados por 183 crímenes en el circuito ABO y uno fue absuelto. Godoy era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, encargado, según el testimonio de sobrevivientes, de la aplicación de torturas y del traslado de los detenidos dentro del circuito. Feito, alias Cacho o Speziale, es un sargento ayudante retirado, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

Fuente: Página 12

JUICIOS EN EL 2011

maju — 2012-01-03T08:06:12Z

En 2011 hubo 84 sentencias por delitos de lesa humanidad. Desde el regreso democrático se condenó a 270 personas, una cifra récord. El proceso de justicia se consolida en el país.

En un ex centro clandestino de detención y en un antiguo pozo de agua de tres metros de diámetro y unos cuarenta de profundidad, en Tucumán, hay restos de desaparecidos que esperan ser identificados. Uno de ellos ya fue reconocido por el paciente y complejo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se trata de Guillermo Vargas Aignasse. Un senador que había sido secuestrado por orden del dictador Antonio Domingo Bussi la misma noche del golpe del 24 de marzo de 1976. Trece días después fue desaparecido. Los muertos demandan a los vivos. Y los vivos demandan justicia. No importa si pasó un día, un mes, un año o 35 años. Los vivos demandan justicia, y cerrar una historia familiar. Llama la atención entonces que todavía sigan alzándose voces que plantean –con mayor o menor énfasis– que los crímenes del terrorismo de Estado son cosa del pasado. Que hay que dar vuelta una página de la historia. No es posible. No mientras, por ejemplo, siga habiendo desaparecidos y jóvenes apropiados. Estos crímenes no son cosa del pasado. Son materia del presente. De hoy, de mañana. Porque pertenecen a la clase de delitos llamados “continuos” o “permanentes”. Son los que se siguen cometiendo en el tiempo: los desaparecidos siguen sin aparecer y unos 400 chicos apropiados siguen sin saber su verdadera identidad.

El cronista destaca este punto en materia de derechos humanos de este año que expirará mañana. Es basal para entender la política de memoria, verdad y justicia. Hay víctimas, hay delitos, hay acusados y hay un Estado y un Poder Judicial haciendo su trabajo: impartir justicia. Esa política se estructura en las decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que se desarrollan a lo largo del país. Con dificultades y desafíos por delante. Por ejemplo, cómo acelerarlos, cómo maximizar el rendimiento de las pruebas y cómo evitar la sobreexposición de los testigos. Pese a estas fallas, perfectibles, se nota una consolidación del proceso de juzgamiento. Que se verifica con los datos del informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. Es el área que dirige el fiscal general Jorge Eduardo Auat.

¿Qué señala el informe? Que los condenados e imputados en delitos de lesa humanidad son récord: 843 procesados y 270 condenados, si se suman las recientes condenas por los crímenes en el hospital Posadas. Es la mayor cantidad que se registra desde la recuperación democrática. El año que termina hoy dejó un saldo positivo: concluyeron veintiún juicios en que se juzgó a 92 personas. Ocho fueron absueltas y 84 condenadas, 68 por primera vez. Empezaron juicios en jurisdicciones esquivas, como Bahía Blanca o Mar del Plata. Otro cambio paradigmático es sobre el lugar de detención. Este año no se registraron casos de detenciones en unidades militares. El 50 por ciento de las 593 personas detenidas está alojado en unidades penitenciarias. El 43 por ciento tiene detención domiciliaria. El resto se reparte entre sedes de las fuerzas de seguridad y hospitales.

Desde que se iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en 1983, hasta el presente, se juzgó a 296 personas, con juicios concluidos. 270 fueron condenadas y el resto resultó absuelto. Hasta 2008 se había condenado a 68 personas. Al finalizar el año 2009, ese número aumentó a 98. Durante 2010, la cantidad de personas condenadas era de 199 y 2011 cierra con 270 condenados. Se registra un total de 843 personas procesadas. De esa cifra, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Así, cerca del 70 por ciento ya tiene alguna causa en etapa de juicio. Ex militares, policías y civiles son juzgados por la Justicia por delitos en perjuicio de más de 800 víctimas. Procesos orales y públicos, con defensores y garantías del debido proceso. Se encuentran en curso doce juicios donde se juzga a 118 acusados. Y tienen fecha programada otros ocho juicios para 2012.

Los acusados sometidos a juicio oral suman 193: 84 represores condenados, 8 absueltos y 101 que continúan en el banquillo. Ya se dijo desde estas páginas: desde que se anularon las leyes del perdón, los juzgamientos a represores se desarrollan sin pausa. Pero tomaron verdadero impulso en los últimos dos años. Lo explica el informe de la unidad fiscal, que plantea una queja: “Si bien el número de condenados ha venido incrementándose en los últimos años (en particular durante 2010), de los condenados, sólo 43 cuentan con condena firme. De ese total, solamente tres imputados recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria durante 2011”. El documento plantea, en ese sentido, una preocupación por las “demoras que se registran en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales.” Durante 2011 ese máximo tribunal penal revisó seis sentencias en relación con trece imputados.

Quedan cosas pendientes, claro. Seguir poniendo el foco en los resabios procesistas de la Justicia. La destitución de los ex camaristas mendocinos Luis Miret y Otilio Romano va en ese sentido. Seguir profundizando el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante la dictadura. Para que no sean tomados por los jueces como “tormentos”, sino como delitos de lesa humanidad. La unidad fiscal se plantea, además, dos desafíos atinados. Uno: mejorar el abordaje de las causas por la apropiación de bebés, para lo cual creó un grupo de trabajo a atender esa problemática. Dos: meterse en los archivos militares para recolectar pruebas de los distintos procedimientos represivos. El camino está marcado. Hay tiempo. Y hay voluntad política para avanzar.

FUENTE: MIRADAS AL SUR

A LOS 85 AÑOS Y CONDENADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, MURIO EN TUCUMAN ANTONIO DOMINGO BUSSI

maju — 2011-11-25T08:24:35Z

Por Victoria Ginzberg

Fue el único jerarca de la última dictadura que logró ser electo en democracia. Responsable de más de treinta centros clandestinos, su vida política comenzó a declinar cuando se supo que tenía una cuenta en Suiza. Fue condenado a prisión perpetua en 2008.

Cada quince días, llegaba por la noche al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los detenidos estaban atados con cables, los ojos vendados y de rodillas frente a un pozo recién excavado. Se hacía presente con su uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo. Daba la orden de disparar al mismo tiempo que apretaba él mismo el gatillo a pocos centímetros de la nuca de la primera víctima. Así murió Ana Cristina Corral, de 16 años, que había sido secuestrada en su casa de San Miguel de Tucumán. Antonio Domingo Bussi, su asesino, murió ayer, 35 años después, a los 85 años, en el Instituto de Cardiología de Tucumán, debido a “un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada con alteraciones a la función pulmonar y renal”. Agonizaba desde el martes. “Mi papá es un hueso duro de roer”, dijo en la puerta de la Clínica Ricardo Bussi, mientras la muerte le llegaba lentamente al único jerarca de la dictadura que logró ser electo en democracia. Fue velado en una ceremonia íntima. Será enterrado en Pilar, condenado y degradado.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926 y en 1975 reemplazó a Acdel Vilas como jefe del Operativo Independencia, que fue la antesala y globo de ensayo del terrorismo de Estado en Tucumán. Se había preparado para eso: había viajado como observador a la guerra de Vietnam, donde fue recomendado como un interesante cuadro para una guerra antisubversiva e hizo el curso regular del Command and General Staff en Fort Leavenworth, Kansas. Sus jefes en el Ejército consideraban que se desempeñaba en “las misiones con gran escrupulosidad, celo y empeño, haciendo mucho más de lo preciso en el cumplimiento del deber”.

Con la dictadura, el mismo 24 de marzo de 1976 asumió como interventor y jefe militar de Tucumán. Fue responsable de las más de mil desapariciones en los más de treinta centros clandestinos que funcionaron en la provincia, entre ellos, la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, la Escuela de Educación Física, el Reformatorio y El Motel, Nueva Baviera, Lules, Fronterita y, el más importante, el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Además, como explica el Nunca Más, “a la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la ‘institución' Centro Clandestino de Detención como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina”. “La Escuelita” de Famaillá fue el primer sitio documentado por la Conadep montado especialmente para torturar y asesinar a personas secuestradas.

Como dictador de Tucumán no se privó de nada. Ordenó ejecuciones y ejecutó con sus manos. Planificó torturas y torturó con sus manos. Y también corrió a los mendigos y tullidos de las calles de la provincia y los exilió en un desierto de Catamarca. Al relatar ese episodio en 2004 en una nota en el diario La Nación, el escritor Tomás Eloy Martínez calificó a Bussi como un “pequeño tirano”, “feroz exterminador de disidentes” y “tiranuelo de Tucumán”. El tiranuelo le inició un juicio y le reclamó cien mil pesos por “daño moral”. Pero perdió. El juez Daniel Alioto recordó que “se llama tirano al jefe de una facción que obtiene el poder de manera irregular y gobierna una ciudad sin la distribución de competencias propias de un régimen republicano”, algo que incluso sin contar las muertes y torturas cuadraba con el rol que ejerció Bussi durante la última dictadura. El magistrado también descartó que la palabra “exterminador” perjudicara la reputación del represor “a la luz de sus antecedentes y de los registros de algunas circunstancias de su actuación pública”.

En 1999, Página/12 publicó el testimonio de un ex conscripto llamado Domingo Antonio Jerez que revelaba al mismo tiempo la existencia de un hasta el momento desconocido centro clandestino tucumano, Caspichango, y detallaba la participación directa del dictador en asesinatos a finales de 1976: “Bussi siempre andaba. Una vez lo han hecho llamar del Timbó Viejo, lo han hecho llamar exclusivamente para esa noche. Porque han agarrado a dos personas y este hombre ha ido. Estábamos parando en una escuela que había ahí. Nosotros estábamos acampando en una carpa. Yo he visto a dos, pero había más. Por esos dos exclusivamente ha ido Bussi. Siempre los tenían en slip, bien atados con sogas, boca abajo. A él lo hacen pasar para adentro, entonces yo miro por una rendija que había, no por la puerta, había que cuidarse de todo y ahí empezó a garrotearlos como dos horas, preguntándoles cosas, haciéndolos sufrir. Raro era al que no lo hacían sufrir. Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Esa noche los ha muerto a esos dos personalmente. Al otro día nos han empezado a regalar cajas de cigarrillos, me acuerdo que a mí me han regalado tres cajas. Yo no fumaba pero lo mismo he agarrado porque eran cigarrillos finos”. La declaración de Jerez su sumaba a la más conocida del gendarme Omar Eduardo Torres, quien contó ante la Conadep cómo Bussi les daba el tiro de gracia a los secuestrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los fusilamientos se hacían a 300 metros del centro clandestino, en el monte. Bussi usaba el arma reglamentaria, una 11.25, y una pistola 9 milímetros. El pozo lo rociaban con querosén o nafta y siempre había leña a mano para quemar los cuerpos.

También ladrón

Con la democracia se salvó de rendir cuentas a la Justicia gracias a las leyes de impunidad. Esto le permitió ser uno de los personajes de la última dictadura, junto con el subcomisario Luis Abelardo Patti, que mejor se “recicló” en democracia. Logró cumplir con el sueño masserista de ser ungido por el voto luego de fundar su propio partido, Fuerza Republicana.

Fue electo diputado nacional en 1993 y dos años después, gobernador. La “voluntad popular” lo acompañó a pesar de sus crímenes, pero su carrera política declinó cuando se supo que además de asesino, también había sido ladrón. El escándalo que no se había producido porque un represor fuera diputado y gobernador, estalló cuando los diarios contaron que Bussi tenía una cuenta en Suiza. La información se conoció en el marco de la investigación del juez español Baltasar Garzón sobre el genocidio argentino. “No lo niego ni lo afirmo”, dijo el entonces gobernador tucumano. Ese día, ante las cámaras de televisión, dejó de lado sus gestos feroces y lloró. Al día siguiente, la Legislatura aprobó la formación de una Comisión investigadora y poco después la cámara de diputados de la Nación abrió la declaración jurada que había hecho en 1993, en la que no figuraba el depósito en el extranjero. Así que volvió a llorar ante la prensa, reconoció la cuenta Suiza y que había evitado mencionarla al asumir su banca de diputados. “Se trató de una omisión sin intencionalidad”, aseguró. Dijo que el dinero era producto de “becas otorgadas por el Ejército y el gobierno de los Estados Unidos” y que lo había mandado al exterior en los años de la hiperinflación. La Legislatura tucumana le inició un juicio político y lo suspendió durante sesenta días, pero la oposición sólo juntó 16 de los 19 votos necesarios para destituirlo, aunque en el ínterin se conoció que también tenía casi 250 mil dólares en la Hollandsche Bank-Unie NV que estaban a nombre de su mujer, Josefina Bigolio, y su hija Fernanda Bussi, y que poseía una cantidad de bienes que no podía justificar en base a sus años de “servicio”. (Garzón ordenó el embargo de 17 departamentos en Palermo y Recoleta, sus cuentas bancarias –que ascendieron a ocho–, acciones y vehículos varios.)

La cuenta en Suiza también provocó un tribunal de Honor del Ejército, que lo sancionó con una amonestación grave. Se tuvo en cuenta su “actitud de quebrantamiento personal y el aflojamiento espiritual”. En 1999 volvió a ser electo diputado, pero esta vez, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993 y la Cámara de Diputados le impidió asumir. La Corte, tiempo después, dijo que debía hacerlo, pero como el mandato había terminado, el caso quedó abstracto. El dictador insistió en las urnas en 2003. Y todavía tenía resto. 17 votos a su favor le alcanzaron para consagrarse como intendente de San Miguel de Tucumán. Pero no llegó a asumir. Finalmente, fue detenido.

En agosto de 2008 fue condenado a prisión perpetua por la desa-parición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Un crimen entre los más de mil que debían habérsele achacado. Pero uno que bastó para que no muriera impune. Durante el juicio se presentaba con una sonda y la barba canosa crecida y en sus últimas palabras volvió a llorar. Pero también reivindicó sus crímenes (“los delincuentes buscaban convertir el país en un satélite del comunismo internacional”) y se consideró un “perseguido”. Su estado de salud le permitió evitar otros banquillos, pero no lo salvó de ver cómo se hacía justicia ni cómo su partido se desintegraba (sacó 3,2 por ciento en la última elección y sus dos hijos, Ricardo y Luis José, fueron en listas separadas) ni de enterarse que el Ejército lo había dado de baja.

No es raro equiparar a los represores con monstruos. Pero los estudiosos explican que al deshumanizarlos se pierde la capacidad de analizar y comprender los crímenes y cómo éstos fueron posibles. Sin embargo, a veces, evitar esas comparaciones se hace difícil.

BUSSI, EL SINIESTRO

Por Osvaldo Bayer

Murió Domingo Bussi, el general. Una de las más siniestras figuras de nuestra historia. Sí, no se cometería ninguna exageración si cuando se haga referencia a él se diga: “El general Bussi, el siniestro”. Sólo basta recorrer su biografía para constatarlo. La perfidia de sus crímenes llega a lo inimaginable. Y ahí está la pregunta que todavía no nos hemos contestado: ¿dónde aprendió Bussi su oficio de matar con total impunidad? ¿En el Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra o en sus estadías en Kansas con el ejército yanki o en Vietnam durante su gira? Sea como fuere, fue un criminal de la mayor cobardía y crueldad. Sus crímenes comprobados y por eso condenado son todos de lesa humanidad. Su hazaña máxima como criminal es el haber exhibido el cadáver congelado de Santucho en el Museo de la Represión, en Campo de Mayo. Se le caía la saliva de la boca de puro placer. Pero, además, los mil casos de torturas, de “desaparición”, de asesinatos. El mismo ejecutaba a los presos políticos de un solo tiro. Está declarado por testigos. ¡Ah, general! La degradación. La absoluta validez de la ley del más fuerte.

Y ese episodio tan perverso, donde la vileza ya no tiene palabras para describirlo: cuando ordenó apresar a los vagabundos y los pordioseros de la capital tucumana y los transportó en camiones que los arrojaron por las sierras catamarqueñas, donde murieron de hambre y de frío. Occidental y cristiano el general. Eso ocurrió en tierras tucumanas donde en 1816, en aquel increíble 9 de julio, se cantó nuestro Himno Nacional con aquello tan sabio de “Ved en trono a la noble Igualdad, Libertad, Libertad, Libertad”.

Pero uno, como argentino, sintió aún mucho más vergüenza cuando el pueblo tucumano, ya en democracia, votó a ese abyecto personaje como gobernador de Tucumán. ¿Qué hubieran pensado los congresales de 1816 al saber que en esa misma tierra libertaria se había votado al abyecto supremo? Ahora, esos que lo votaron de los barrios bien y de los barrios que exigían “más seguridad” tendrían que tener el coraje civil de marchar frente a la Casa de Tucumán y pedir perdón por tamaña acción de burlar para siempre a la democracia.

Lo mismo que tendrían que hacer los diputados del radicalismo y de otros partidos conservadores que votaron el “Punto Final” de Alfonsín por el cual quedó en total libertad la jauría uniformada de la desaparición como método.

El “general” Bussi. Cuando trasladó el centro clandestino de detención de Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, ahí sí que se sintió dueño de la vida y de la muerte. Dueño y señor de la picana y el submarino y de toda clase de torturas aprendidas en el General Staff College de Fort Leavenworth, en Kansas. Claro, siguieron las huellas de aquel general Julio Argentino Roca cuando mandó comprar diez mil remington, el invento estadounidense con que se había eliminado a los pieles rojas y a los sioux. Y con ellos Roca demostró que los argentinos somos los mejores europeos y americanos del norte. Videla, Menéndez, Bussi... la lista es larga. Pero por fin muchos de ellos ya están en cárceles comunes y retratados para siempre en el diccionario de la infamia.

Murió Bussi. El espectro de la infamia. General de la Nación. ¿De qué Nación? No aquella del 25 de Mayo ni de 1813 y del 9 de julio tucumano. No, la fiera sanguinaria salida de claustros castrenses argentinos y entidades “educadoras” norteamericanas. En su entierro, los argentinos que salieron a la calle para gritar “dónde están los desaparecidos” gritarán: “Nunca más”. Nunca más un general Bussi. El siniestro.

Fuente: Página 12

LA MATERNIDAD CLANDESTINA DE LA ESMA

maju — 2011-11-06T09:46:11Z

Estando secuestrada, acompañó a quince embarazadas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Relata cada uno de esos partos y cuenta cómo se acondicionó un lugar específico para la “maternidad clandestina”, a la que derivaban prisioneras de otros campos.

La pieza de las embarazadas. Jorge Luis Magnacco. Una mesa. La asepsia. Una sábana verde. Tres embarazadas que se van, una que pare. Una incubadora, un sietemesino. El papelito en el que escribe todos los nombres. Noviembre de 1978, en la Escuela de Mecánica de la Armada, más exactamente 16 o 17 noviembre, dijo Sara Solarz de Osatinsky. “Trajeron a quien nosotros creíamos que era la esposa de Matías y era Patricia Roisinblit, que dio a luz un varón el 18 de noviembre de 1978, una cosa conmovedora, como todos los partos, por supuesto, pero en este caso, como Patricia había estudiado medicina –participó Magnacco como médico–, y en el momento que dio a luz pidió que no le corten el cordón umbilical y se lo pongan sobre el pecho y decía: ‘No me lo saquen, no me lo saquen', era lo que la unía, la seguía uniendo a ese bebé que nació, a quien si no me equivoco le puso de nombre Rodolfo.”

Pedida por las parturientas de la Escuela de Mecánica de la Armada, Sara Solarz de Osatinsky estuvo en una enorme cantidad de alumbramientos en el centro clandestino más grande de la Marina. Es una de las personas que pueden darle a ese espacio las características y dimensiones de maternidad clandestina. Declaró en la causa por el plan sistemático de robo de bebés, es la testigo acaso más importante del tramo ESMA y uno de los pilares del juicio. Viuda, mujer de Marcos Osatinsky, dirigente de las FAR, uno de los prófugos de Trelew, asesinado. Madre de Mario y de José, asesinados a los 18 y 15 años. Llegó a la ESMA el 14 de mayo de 1977 y hasta noviembre de 1978 observó el desarrollo de quince embarazos: su voz se sumergió durante la audiencia en esos mundos, restituyendo a esas mujeres al mundo de los vivos.

A ella la secuestraron en una esquina de Capital Federal, mientras gritaba su nombre, y la golpearon con una llave inglesa. “¡Me llamo Solarz, me secuestran!”, decía y la patota gritaba a su vez qué era una brigada contra drogadictos. “Me llevan a un lugar donde no vi qué era en ese instante y me cortan toda la ropa, ni siquiera me sacan las esposas ni nada, sino que con una tijera me sacan toda la ropa que tenía y me dejan desnuda y me ponen sobre una camilla y es en ese momento que empiezan a decirme:

–Señora, ¿sabe dónde está?

–No sé –les dije yo–. Me da lo mismo.

–Está en la ESMA –me dijeron, y la verdad es que a pesar del “me da lo mismo', no fue lo mismo: tenía conocimiento de lo que significaba la ESMA por algún folleto que decía todo lo que hacían con los prisioneros, con los secuestrados...”

Una guardia “buena”, “chicos de 14 a 18 años”, después de algunos días la dejaron andar sin esposas atadas atrás, las tenía adelante. “Pude levantarme la capucha y ahí era un espectáculo verdaderamente dantesco: como si estuviéramos dentro de una caja de muertos que llegaba al techo, uno no podía levantar la cabeza porque se golpeaba, todo cerrado con madera y el espacio exacto para que uno estuviera acostado en ese lugar. Cuando pude ver, una cosa que fue terrible de ver, es que en el medio de toda esa cantidad de cajas de muertos, había una cama que sobresalía y una mujer embarazada que se había levantado en ese momento: era Ana de Castro, luego supe que se llamaba así.”

“Yo tenía un papelito muy, muy pequeñito donde iba anotando todos esos datos”, dijo en un momento sobre la sucesión de embarazos. “Papelito de cada una de las embarazadas que desgraciadamente no fue posible conservar, yo pensaba que nunca me iban a dejar ir, se lo di a alguien y después ese papelito desapareció.”

Entre las primeras embarazadas estuvo con Pichona, María del Carmen Moyano de Poblete, y con Cori, que era Hilda Pérez de Donda. Como Ana Rubel de Castro, habían llegado antes que ella y dieron a luz antes de que empiece a funcionar la “pieza de las embarazadas”: cuatro camas que se ocuparon de forma rotativa y los marinos empezaron a llamar “La pequeña Sardá”, la maternidad clandestina de la ESMA. “Sara se ocupó de describir cómo el lugar funcionó con una coordinación interfuerzas –puntualiza Agustín Chit abogado, de Abuelas de Plaza de Mayo–, muestra cómo llegaban embarazadas de Buzos Tácticos de Mar del Plata, La Perla, el Banco o Coordinación Federal.”

–¿Supo si esas tres primeras mujeres tuvieron a sus hijos? –le preguntó el fiscal.

–Sí –dijo Sara–. Pichona pidió por favor que la acompañara en el momento del parto, para no estar al lado de los asesinos. Me bajaron y la bajaron a la enfermería. Estaba el doctor Mag-nacco y estuve al lado de ella y el ruido de las cadenas eran terribles en el momento que se sentían al mismo tiempo los gritos del bebé que nacía.

Pichona tuvo una hija mujer, en junio de 1977. Los partos todavía se hacían en la enfermería. Ella venía de la Perla, estaba en la ESMA desde abril. Su hija permanece desaparecida.

A mediados de 1977 empezó a funcionar la pieza: “El parto se realizaba en la misma habitación (de las embarazadas), sobre una mesa que ellas tenían, había una mesa grande y (Carlos) Capdevilla* venía con material que decía que estaba esterilizado, eran las sábanas de color verde que se ponían y el resto de las embarazadas, porque la pieza era para cuatro, las sacaban de la habitación y volvían cuando se retiraba todo el material, estaba lavada la criatura y quedaba la criatura con la madre también en la habitación”.

Sara mencionó visitas de Antonio Vañek *, Jacinto Chamorro *y Jorge Vildoza*. Y el rol de Jorge “Tigre” Acosta*, Héctor Febres* y “Pedro Bolita”*, cuyo nombre es Carlos Galián.

“Siempre era Pedro Bolita o Febres* el que venía a buscar a los niños; el doctor Magnacco, que pasaba todos los días; Capdevilla* también pasaba si no estaba Magnacco*, y Pedro Bolita normalmente era el que partía con el bebé o Febres.” Acosta conocía todo, dijo. “Era el que decidía cuándo venían las embarazadas, quién iba a venir, no recuerdo que haya entrado, pero que sabía, sabía quiénes estaban y en qué momento iban a dar a luz: tenía toda la información de hasta el más mínimo movimiento.”

La pieza de las embarazadas se cerró en marzo de 1978 porque llegaba de visita un periodista inglés. Para entonces, acababan de dar a luz Cristina Greco **y Patricia Marcuzzo**: “Cerraron las piezas, hicieron como un depósito y por eso Pati, lloraba, decía: `¿Por qué no me dejan con mi criatura?'. Porque prácticamente ese día o al día siguiente que la trasladaron, se quedó la criatura y se la llevaron a ella, por lo que me contaron dejaron el moisés en la casa de la madre”. Ella continúa desaparecida.

–¿Sabía el destino de los bebés? –le preguntó el fiscal Martín Niklison. –No, no sabía exactamente. Una persona que tenía relación con médicos del Hospital Naval decía que había un papel que decía para las mujeres de los militares, que si no tenían hijos, podían adoptar estos hijos de los guerrilleros. Esa fue una de las cosas que supimos. Y Febres dijo que tenía un primo que era una persona muy generosa, que se ocupaba de buscar casas para esos chicos, lo cual significaba que los chicos no eran entregados a sus padres, que esas cartas que ellas escribían no eran reales: no se las entregaban a nadie.

Al final, la presidenta del Tribunal Oral Federal No 6, María del Carmen Roqueta, le dijo, como hace habitualmente, si quería agregar algo más. “Creo que dije todo lo que recuerdo, es lo único que puedo decir: es que es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños, la adopción con los mismos que los mataron de alguna manera, que es terrible, algo que pasó en la ESMA que uno no lo puede olvidar, que recuerdo las caras de cada una de ellas, los gestos, lo que hacían en la pieza, las esperanzas, las desesperanzas que podían tener de lo que iba a pasar con sus hijos y con ellas mismas... Es lo único que puedo agregar.”

15 HISTORIAS

1 Pichona, María del Carmen Poblete

“Pidió que la acompañara en el momento del parto, para no estar al lado de los asesinos. El ruido de las cadenas eran terribles en el momento que se sentían al mismo tiempo los gritos del bebé que nacía. Tuvo una hija mujer, en junio de 1977”. Siguen desaparecidas.

2 Ana Rubel de Castro

“Fue terrible, había sido torturada salvajemente, había sido secuestrada con su marido, era (prisionera) del Ejército, creo, pero la trajeron a la ESMA y estaba embarazada de dos meses. La torturaron hasta dejarle agujeros en los pechos. El hijo nació sietemesino: tenía dos kilos, era varón y dos días después ella gritaba, preguntaba, quería saber y trajeron una incubadora para la criatura, pusieron el chiquito y ella me pedía por favor que mirara si tenía todos los dedos, si los piecitos, si tenía alguna característica particular, y dos días después fueron trasladados.” Ana y su hijo continúan desaparecidos.

3 Cori, María Hilda Pérez de Donda

“Estuve con ella porque ya estaba la pieza de las embarazadas, no sé por qué razón permitieron que yo pudiera quedarme con ellas ahí, así que tuve mucho contacto. Cori tuvo una nena, quería que se llamara Victoria. Fue secuestrada con su marido por la Aeronáutica y a ella la trajeron sola para dar a luz. Le hizo unos agujeritos en la oreja cuando nació la niña con unas cintitas azules que pudimos conseguir y una aguja al rojo vivo, una aguja de coser que había en la pieza de las embarazadas. Le hicieron escribir una carta diciendo que atendieran a la nena, que ella no podía ocuparse, esas fueron las primeras cartas.” Cori sigue desaparecida. Su hija fue recuperada, es Victoria Donda.

4 Tita, Iris García

“Antes de ellas estuvo Tita, pero no conozco demasiado. Venía de Coordinación Federal, la vi en Capucha porque no había condiciones especiales para las embarazadas hasta que las pasaron a la pieza de las embarazadas, en la que Tita no estuvo. Creo no haber participado del parto. La dejaban caminar y tenía los pies hinchados. El nombre de Tita no lo recuerdo, pero una vez que tuvo familia creo que varón, la trasladaron inmediatamente. Y no vi la criatura porque no existía la pieza.” Tita y su hijo continúan desaparecidos.

5 Mirta Alonso de Hueravillo

“Tuvo un hijo varón, yo tampoco estuve en el parto, fue otra compañera. Le puso el nombre Lautaro. La familia sabía que se iba a llamar Lautaro. Cuando se abrió la Pecera, donde se veían los diarios del mundo, en uno de los artículos había algo escrito en holandés, idioma que yo no conocía para nada. Yo decía que podía traducir todas las lenguas, pero no era verdad porque conocía pequeñas cosas, palabras que me daban a entender, como por ejemplo si el artículo decía que Argentina era un país contra los derechos humanos o si eran positivos los artículos por el Mundial. En este caso, lo único que pude ver fue una foto de una Casa Cuna, que habían encontrado a un chico que lo dejaron en la puerta y que tenía puesto algo que decía Lautaro. En el caso de Mirta, el niño era de rasgos indígenas porque ellos eran de Chile y eran de origen indígena. Se decía que los militares no los querían así, es una de las cosas que nosotros pensamos, que es uno de los chicos que entregan por esta razón.” Lautaro fue recuperado por sus abuelos.

6 Susana Beatriz Pegoraro

“Fue secuestrada el 8 de julio del '77 en la estación de Constitución. Sus padres la estaban esperando, ella venía de Mar del Plata y estaba embarazada y la secuestraron, y los trajeron al padre y a ella a la ESMA. Le dijeron que al padre lo iban a liberar, cosa que aparentemente quisieron hacer, pero al padre le dijeron: ‘Te dejamos acá, pero no tenés que dar vuelta la cabeza'. Y él dio vuelta la cabeza para ver la chapa. Lo volvieron a traer a la ESMA y luego nunca reapareció. A partir de ahí, a ella la llevaron a Mar del Plata a la Base de Buzos Tácticos, cuando la trajeron de nuevo fue una cosa, era otra persona la que habían traído: no hablaba, no se reía, no lloraba, estaba alterada totalmente por lo que había vivido en la base. Muy poquitos días antes la trajeron, pero en mi recuerdo es fines de septiembre. Estuve en el parto, y la dejaron unos diez días más o menos. Era la época en la que la pieza de las embarazadas se abrió. Venía Febres pocos días antes de que la embarazada tuviera familia y traía un lujoso moisés que nadie podía comprar. Era algo lujosísimo y se los daba diciéndoles: ‘Los vamos a llevar a los padres' y les daba para que escribieran una carta. Yo estaba presente y tenía un papel y decía que pongan que no lo van a poder tener. Todas las cartas eran del mismo estilo, pero no llegaron nunca a las manos (de los familiares). Ella puso el nombre de su madre.” En el parto estuvo Magnacco y Capdevilla. La hija de Susana Beatriz es Evelin Bauer Pegoraro, apropiada por Policarpo Vázquez, retirado de la Marina de Mar del Plata.

7 María José Rapela de Mangone

“Fue secuestrada junto con su marido porque guardaban los muebles en su casa de algún militante amigo. Su marido fue trasladado rápidamente y a ella la trajeron a la pieza. Venía siempre Magnacco a verla, venía a ver a todas la embarazadas. María José se había dado cuenta ya de que la criatura no se movía, pero no quiso decir nada porque dependía su vida del hecho de estar en esa habitación, tenía miedo de qué era lo que podía pasar. En diciembre el doctor Magnacco vio que el bebé no se movía, dijo: ‘Está muerto, hay que hacer un aborto'. Hizo el aborto e inmediatamente fue trasladada.” María José permanece desaparecida.

8 Graciela “Raquel” Tauro de Rochistein

“La habían traído de la Aeronáutica justo para dar a luz. Me acuerdo de ella, estuve en el parto también. Siempre era Magnacco que estaba en esos partos. Fue un varón. Ella debe haber estado dos o tres días o cuatro como máximo en la pieza, porque en la pieza en general cuando las traían para dar a luz sólo había lugar para cuatro, así que cada vez que daban a luz dejaban el lugar a otra embarazada. A ella la dejaron con la criatura unos días. Trajeron también el moisés, la trasladaron sin criatura. La criatura quedó en la habitación durante un tiempo.” Raquel está desaparecida. Su hijo es Ezequiel Rochistein, restituido. Fue apropiado por Juan Carlos Vásquez Sarmiento, de la Fuerza Aérea, prófugo.

9 Cecilia Viñas

“Venía de Buzos Tácticos de Mar del Plata y dio a luz también un varón y durante mucho tiempo venían a visitarla a la pieza de las embarazadas los altos jefes. Vañek, de la Marina, venían Chamorro y (Jorge) Vildoza. Eran visitas permanentes. Dio a luz alrededor de octubre de 1977. También estuvo Magnacco.” Su hijo se llama Javier, fue apropiado por Jorge Vildoza, jefe del Grupo 3.3.2. de la ESMA, prófugo de la Justicia.

10 Susana Siver de Reinhold

“Era (prisionera) del Servicio de Informaciones Naval, estaba con su marido. Tuvo familia en enero del '78 pero estuvo desde octubre o noviembre en la pieza de las embarazadas. No fue un parto normal. No estaba Magnacco, estaba Scheller y llamó al Hospital Naval para que viniera un ginecólogo, y yo lo vi y supe que era el jefe de Ginecología del Hospital, no sé su nombre. Puedo describirlo si es necesario, lo recuerdo perfectamente y dijo que había que llevarla al hospital directamente para que diera a luz, para hacerle una cesárea. Tuvo una cesárea y casi dormida la trajeron de vuelta a la ESMA. Es una de las que firma una de las tarjetas que me hicieron las embarazadas cerca de la Navidad: es como un osito en cartulina y uno abría la tarjeta y abría los brazos y decía ‘te queremos mucho, tus hijas'. Firmaban Liliana Pereyra, Pati Marcuzzo, María José y Susana.” Su hija Laura es la última nieta recuperada, nació por cesárea en el Hospital Naval.

11-12 Liliana Pereyra y Patricia Marcuzzo

“Venían de Buzos Tácticos, las trajeron juntas. Deben haber estado en septiembre-octubre (de 1977). Liliana dio a luz un varón en febrero de 1978. Pati alrededor del 15 o 18 de abril de 1978. Las dos dieron a luz un hijo varón. Lilana me contó que habían torturado a su marido delante de ella para que ella hablara y cuando ya estaba en la ESMA, los de Buzos Tácticos venían a interrogarla y ella volvía desesperada cada vez. Se ensañaron bastante con ella. Fue trasladada. Luego supe que dijeron que hubo un enfrentamiento con subversivos y apareció fusilado el cadáver.” Liliana y Patricia están desaparecidas. El hijo de Liliana es Federico Cagnola Pereyra, apropiado por civiles, y el de Patricia es Sebastián Rosenfeld, que fue devuelto a su familia.

13 Alicia Alfonsín de Cabandié

“Alicia era muy jovencita, tenía 17 o 18 años. La trajeron del Banco con los cabellos rapados, era alguien que tenía cabellos muy largos y la raparon, dijeron que era una cuestión de infecciones. Llegó antes de Año Nuevo y dio a luz un varón en marzo con el nombre Juan. Estuvo Magnacco, siempre fue Magnacco. A ella, cuando estuvo en el Banco, un coronel le había dicho que a su marido lo habían trasladado a un lugar del sur y que cuando ella tuviera a su bebé la iban a llevar junto con el bebé y que ahí iban a cambiar las ideas, que iban a cumplir una pena, que era un lugar abierto. A ella la vino a ver Minicucci.” Alicia está desaparecida, su hijo es Juan Cabandié, apropiado por Luis Antonio Falco, de la Policía Federal.

14 Cristina Greco

“La trajeron de Mar del Plata justo antes de dar a luz. Tuvo una hija en marzo. Estaba desesperada porque ya había estado secuestrada por la ESMA hacía mucho, no sé si en el ‘76, la dejaron en libertad y la reconoció después Pedro Bolita. Había sido secuestrada con su marido, tuvo una hija y la tuvo poquitos días: fue trasladada inmediatamente. Nunca supe más. Después supe que la hija apareció con los abuelos y fue un momento muy particular en la ESMA porque cerraban la pieza (ver nota central).” Cristina continúa desaparecida.

15 Patricia Roisinblit

“Dio a luz un varón, una cosa conmovedora, como Patricia había estudiado medicina idió que no le corten el cordón umbilical y se lo pongan sobre el pecho y decía: ‘No me lo saquen, no me lo saquen'”. Rodoflo Pérez Roisinblit recuperó su identidad. Fue apropiado por Francisco Gómez, agente civil de la Fuerza Aérea. Patricia sigue desaparecida.

* genocidas

** compañeras detenidas desaparecidas/embarazadas

ESMA. SENTENCIA. PERPETUA A 12 GENOCIDAS

maju — 2011-10-27T07:01:52Z

El TOF 5 condenó a doce de los 18 acusados a prisión perpetua. Hubo dos absoluciones. Culpó a los represores por el homicidio de Walsh y de los secuestros y asesinatos del grupo de la Iglesia Santa Cruz.

Lilia Ferreyra empezó la mañana revisando papeles, buscando. Finalmente agarró el original de la copia mecanografiada de la Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La mujer entró a la sala Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py con las hojas guardadas en la cartera, la letra, guardándolo a él, extendiendo en ese espacio así sacralizado su presencia: “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, dijo. “La sensación de que es una respuesta tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la Junta Militar, por eso lo traje: es la respuesta que la Justicia le da a este escrito que tengo en mis manos 34 años más tarde.”

El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.

El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando “ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado”, un argumento que terminó plasmado en la sentencia.

La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.

Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. “Dante” tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.

Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido “exitosa” y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.

Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.

La espera

La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.

El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.

A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Carega del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. “Mucho de emoción”, decía Geneviève. “Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana”.

Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno:

30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS

¡¡¡¡PRESENTES!!!!

AHORA Y SIEMPRE.

Fuene: Página 12

EL MIERCOLES SE CONOCERA LA SENTENCIA CONTRA DIECIOCHO REPRESORES DE LA ESMA

maju — 2011-10-23T07:54:39Z

Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Ricardo Miguel Cavallo* y otros quince represores recibirán su primera condena por torturas, desapariciones y asesinatos. Los hitos del juicio. Las víctimas como sujetos políticos. La violencia de género.

Un círculo que se cierra para Martín Gras**. Con los represores y con sus compañeros que no salieron de la ESMA. La certeza de Graciela Daleo** de que la Justicia debe reconocer el carácter de perseguidos políticos de las víctimas. Ser mujer en la ESMA. Los relatos de quienes desnudaron situaciones de violencia sexual. La construcción de una acusación de la violencia de género. La posibilidad de pensar la ingesta de cianuro no como suicidio sino como homicidio. Rodolfo Walsh***: los vecinos que hablaron por primera vez. Los cuerpos desaparecidos y, pese a que no hay cuerpos, el reclamo de que los marinos sean juzgados por homicidio. Los represores que hablaron más que otra veces. Sus mujeres. Jorge Bergoglio obligado a declarar. La individualización de cada uno de los integrantes del grupo de la Santa Cruz. El vecino que permitió probar el secuestro de Remo Berardo ***. Son solo algunas imágenes, algunos hitos que dejan los dos años del primer juicio oral por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que espera la sentencia el próximo miércoles 26 de octubre.

El juicio que empezó el 11 de diciembre de 2009 es solo uno de los tramos de la megacausa: 18 represores por 86 víctimas. El proceso resultó más largo de lo imaginado, hubo demoras por el modo en el que el Tribunal Oral No 5 diseñó el juicio y por una de las singularidades de la ESMA: es uno de los pocos centros clandestinos con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados. La densidad de esos relatos le dieron al juicio otra singularidad. La sala tuvo múltiples querellas, integradas por organismos de derechos humanos que multiplicaron las voces de la acusación pero también las perspectivas. Y defensores, sobre todo privados, que a través de las intervenciones hicieron un culto al “heroísmo de los mártires”. Los más moderados hicieron gala de la teoría de los dos demonios y en general se calificaron como víctimas y perseguidos.

El Tribunal venía de dos antecedentes preocupantes: el juicio al prefecto Héctor Febres * muerto por un aparente envenenamiento a días de la sentencia y el juicio a los jefes de área, en el que absolvió a tres de los cinco acusados. El presidente del tribunal cambió, pero los antecedentes no dejaron de operar como referencias de contexto y aumentan ahora las expectativas en el tramo final.

Las marcas

El juicio que termina dejó marcas simbólicas y jurídicas, algunas de las cuales se terminarán de entender con el tiempo. Una se refiere a lo que se está diciendo ahora de nuevo sobre la ESMA: qué pasó en estos años con los relatos de los sobrevivientes. ¿Es la misma ESMA la que están contando ahora que la que contaron en los primeros años de libertad? ¿Qué dicen que no decían? ¿Cómo actúa el contexto?

Durante el juicio hubo dos clases de testigos históricos: unos vienen declarando en distintos estrados desde los '80 y otros son históricos pero dieron su testimonio por primera vez públicamente en este debate. Además, cobraron espacio voces de los llamados “testigos de contexto”, entre ellos vecinos que presenciaron operativos y hasta ahora no habían hablado, como en el caso de Rodolfo Walsh***, entre los que hubo alguno que hasta ahora no sabe quién era la víctima.

Los que vienen declarando desde antes de la Conadep dicen que entonces necesitaban probar la existencia de los centros clandestinos, de los desaparecidos o reconstruir sobre la nada los apodos y nombres de los represores. Eran prioridades. Con el paso del tiempo, muchas de estas cuestiones quedaron fuera de duda, aunque se siguen buscando víctimas e intentando identificar represores. Pero, liberados de los mandatos de la prueba, algunos parecen haber hablado de otras cosas. Miriam Lewin, Martín Gras, Lila Pastoriza o Graciela Daleo**, por ejemplo, ya habían sido “casos testigo” en el juicio a los ex comandantes. Llegaron aquí, aparentemente, después de haberlo dicho todo. ¿Fue así? Uno de los datos que cruzaron a todos es que por primera vez hablaron frente a sus represores. Y cada uno buscó entradas diferentes.

La declaración de Martín Gras** fue una de las más extensas, duró cuatro o cinco horas y permitió sistematizar la lógica de la ESMA. Cuando terminó de responder preguntas, le preguntaron si todavía quería decir algo. Iba a decir que no, pero levantó la cara y se encontró con la mirada de Juan Carlos Rolon* Ahora está convencido de que en ese momento, 32 años después, cerró el círculo que había empezado en la ESMA.

“Para ir a declarar intenté actualizar algún dato o nombre, pero no fue una preparación –dice–. Cuando llegué me senté, empecé a hablar y seguí hablando y sentí que no paraba. La sala desapareció, y le miraba la cara a ellos. Ver una cosa vacía, opaca... fue tremendo y al final me sentí en la obligación de contar una anécdota.” Hace 32 años –contó–, cuando lo estaban por poner en libertad, un oficial le trajo un diario en cuya tapa había una foto de un oficial de policía del gobierno del Sha en Irán que se estaba cayendo. El oficial trataba de escapar de la multitud que le arrancaba el uniforme a pedazos. “Me lo tira en el camastro. ‘¿Y eso?', le pregunto. El me pregunta si yo pensaba si algún día podía pasar eso en Argentina. ‘No sé', le dije, porque son avatares históricos, pero le dije además que si la pregunta era si yo pensaba que en algún momento él iba a tener que rendir cuentas, yo pensaba que sí.” El oficial le preguntó si estaba pensando en Nuremberg. Gras le contestó que no sabía qué forma iba a tener la rendición de cuentas en Argentina:

–Pero si hubiera un juicio, ¿vos testimoniarías? –me preguntó–. Le dije que sí.

–¿Y vos dirías que yo te torturo? –insistió.

–Usted tortura –le dije.

–Pero vos sabés que a mí no me gusta torturar.

–Es cierto.

–Sabés que cuando estoy de oficial de Inteligencia de turno, muchas veces me encierro en el camarote, apago la luz, cierro la puerta y no contesto las llamadas para no tener que torturar.

–Es cierto, pero también es cierto que a veces te encontraron y torturaste.

–¿Pero vos dirías eso, que a mí no me gusta torturar?

–Sí, lo diría, pero también diría que llegado el caso torturaste.

–Bueno, me parece bien porque entonces dirías la verdad.

“Quiero decirle al oficial con el que tuve ese diálogo que está presente en la sala –explicó–, que he cumplido escrupulosamente con el compromiso que asumí con él en el año 1978.” Gras lo miró a la cara, pero el ex oficial bajó los ojos. “Yo sentí que estaba cerrando el círculo: había cumplido con mi palabra, contaba que esa persona no sentía placer, era torturador, no sádico, porque son cosas diferentes y, fundamentalmente, declaré la verdad con absoluta rigurosidad, que era el mandato de los compañeros.”

Martín declaró por primera vez en 1980 en Ginebra. En la línea de relatos constantes, dice que lo que contó desde entonces –incluso algunos hechos que la prensa española no creía y sobre los que le decían que dejaran huecos vacíos porque parecían locuras que ponían en duda toda la historia– se probó: “No varió nada”, señala. “No hubo contradicciones, lo que parecía fantástico quedó confirmado por todas las investigaciones y todo se ha podido probar.” Por otro lado, lo sorprendió la “absoluta incapacidad de reflexión de los represores: no te digo algo así como un pedido de perdón, sino un atisbo de reflexión sobre los resultados que los dejaron con el rechazo de la sociedad, en un camino ciego”.

Lila Pastoriza** llegó al juicio después de mucho declarar, probar, reconstruir y con la sensación de que esta vez “no tenía que probar nada”. En ese contexto, se encontró hablando largo de los compañeros menos conocidos: “Mi intervención inicial, la que dije sin preguntas, fue sobre lo que había vivido fundamentalmente en Capuchita, las cosas, la gente que había conocido. Fue larga pero ni siquiera muy pensada, sí quería hablar de toda la gente en una etapa donde no son los casos más conocidos porque estaban relatados por otros compañeros, me dediqué a hablar sobre eso en una descripción de cómo era cada uno. Los que me escucharon me dijeron que era como si ellos vivieran en mí”.

Lila y Graciela Daleo ** subrayan un eje que aparece como otra de las estructuras del juicio: la posibilidad de recuperar sus historias en términos de identidades políticas, en un escenario no sólo de época, sino y especialmente en el espacio de la Justicia.

“En el juicio a las Juntas uno sentía que lo fundamental era dejar constancia, probar eso que había ocurrido –dice Lila–. Había que dar un primer paso y lo fundamental era decir que se habían cometido esos delitos, qué había pasado en la ESMA, quiénes habían estado implicados. Y contar: los sobrevivientes sentíamos la necesidad de contar lo que nos había ocurrido, los nombres, pero dominado por la prueba en una situación donde no se podía hablar de militancia política, había que disimularla, había una zozobra grande y situación de cierto temor porque temías que los abogados de las defensas te impugnaran por la presencia la teoría de los dos demonios.” En lo sustancial, asegura, “en este juicio no pasó y hubo una fuerte legitimación de la participación política: cada cual lo hizo a su manera, algunos orgullosamente, otros lo dijeron pero no lo levantaron, otros lo dimos como algo natural sin hacer demasiado hincapié”.

Se notó, entre otros, en el testimonio de Daniel Cabezas, el hijo de Thelma Jara de Cabezas**, que hizo hincapié en la vida de militantes políticos de la familia. Los almuerzos de los domingos atravesados por lo que cada uno hacía en sus campos de trabajo. En esa línea, Graciela Daleo ** está convencida de que hay algo nuevo en la lógica del perseguido político, que las querellas están haciendo hincapié en la instalación de esa situación como agravante. “Decir que hubo una persecución política y destruir la idea de que a los individuos se los llevaban aisladamente porque los nombres estaban anotados en una agenda: militantes políticos no necesariamente vinculados a una organización, hoy lo podemos decir, en el '85 todos decíamos a lo sumo que habíamos estado en la JP porque si no íbamos en cana. Así como las compañeras pueden decir que sufrieron agresiones sexuales, también tenemos hoy una plataforma para asumir la militancia en el ámbito judicial.”

Ministaff

Otra característica del juicio es que por primera vez se oyeron a varios secuestrados del ministaff, uno de los espacios de supervivencia más estigmatizados. “Hablé del ministaff, de que lo creó El Tigre Acosta*, del uso que le dio para reinar mientras imponía la desconfianza entre nosotros y eso le permitía mantener el poder para seguir con su proyecto. Yo, por lo menos, no elegí ocupar ese lugar”, asegura Marta Alvarez **. Hay hoy una escucha distinta que habilita esos relatos.

La fiscalía pidió, por ejemplo, el testimonio de Miguel Angel Lauletta**, que, entre otras cosas, habló del operativo de secuestro de Rodolfo Walsh***. Lauletta declaró varias veces en instrucción, trabaja hace años con el Equipo Argentino de Antropología Forense pero no había declarado en un juicio oral. En línea con el carácter reparatorio, poco después de empezar, dijo que para salvar a su mujer y su hijo dio los datos de una cita en la que cayeron cinco de sus compañeros. En ese momento, lloró. Cuatro de esos cinco compañeros, contó, están desaparecidos.

Pese a todo, muchos sobrevivientes no estuvieron en esos momentos en la sala. Algunos no logran todavía escuchar estos relatos, otros los escucharon cuando desgrabaron los testimonios para los alegatos. “Fue tremendo, dice una de las históricas, siento que uno puede evaluar ahora el rol del ministaff no tan pegada a la experiencia propia, más distante y menos amenazante, que también puede ver que fueron víctimas en una situación muy difícil, anterior a la nuestra. Además, veíamos todo lo que nos había pasado a nosotros que no sabíamos en ese momento, a partir de las declaraciones de otra gente ves más en conjunto la cuestión.” Ellos

La espalda de Miriam Lewin ** es tal vez una de las imágenes más reproducidas del Juicio a las Juntas. Ese proceso fue trasmitido sin voz ni caras, con los protagonistas de espaldas. El juicio del Tribunal Oral No 5 que terminará el miércoles tuvo imagen y voz pública solo en el comienzo y en el final, porque los jueces, amparados por una acordada de la Corte Suprema, quitaron la posibilidad de la trasmisión completa en vivo.

La disposición de la sala auditorio de los tribunales de Comodoro Py reformó el espacio para el público presente: el testigo habla de frente a los acusados y al público. “Pasan los años y en lugar de ser más fácil, la declaración se vuelve más dolorosa, por lo menos en mi caso”, dice Miriam. “La presencia de los verdugos en la sala es una presión que no existió en el Juicio a las Juntas, nunca habíamos tenido contacto con ninguno salvo Massera* que aparecía en su rol más político, no de represor. Pero verles las caras enfrentando a un tribunal fue reparador, sin embargo. A casi todos los volví a ver por primera vez en ese momento, salvo a Acosta*, con quien me había cruzado en la calle varias veces. De todos modos, ellos decidieron no estar presentes en la mayor parte de las jornadas.”

* genocidas

** compañeros ex detenidos desaparecidos -sobrevivientes

*** secuestrados/desaparecidos

Por Alejandra Dandan

Fuente: Página 12

EN PARANÁ SENTENCIA POR EL ROBO DE BEBÉS

maju — 2011-10-22T07:12:55Z

Cuatro militares y un médico recibieron penas de entre cinco y catorce años por robar a los mellizos que dio a luz Raquel Negro en marzo del '78. Otro de los imputados fue absuelto.

Tres minutos insumió la lectura de la sentencia. Ese tiempo le llevó al Tribunal Oral Federal de Paraná anunciar la condena a cinco represores por dos hechos de sustracción de menores y supresión de identidad, cometidos en el marco de un plan sistemático que dio lugar a la tortura, desaparición forzada de personas y robo de bebés. Los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos condenaron a Pascual Oscar Guerrieri a catorce años de prisión, a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a trece años, a Walter Salvador Pagano a once años y al médico anestesista Juan Antonio Zaccaría a cinco años de cárcel. En tanto, Marino Héctor González fue absuelto.

El fallo dejó una doble sensación: por un lado, la satisfacción de haber logrado una condena, pero por el otro la amargura por el monto de las penas impuestas, sobre todo en el caso del médico Zaccaría, y por la absolución de González. Los querellantes habían reclamado la prisión perpetua para los seis imputados al invocar la figura de la desaparición forzada de personas en virtud de que todavía se desconoce el paradero de uno de los mellizos que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en marzo de 1978, mientras estaba privada de su libertad.

Cincuenta y ocho días duró el juicio. Dieciocho audiencias de debate. Cuarenta y un testigos pasaron ante el tribunal. Cinco condenados, un absuelto, una identidad restituida y un ausente. El juicio cambió la presunción de muerte por una certeza de vida respecto del mellizo. Pero sigue habiendo alguien que falta. NN Facundo dirá la investigación que corre paralelamente en el Juzgado Federal.

A las 17.18 la voz entre ronca y severa del presidente del tribunal rompió el silencio. Sabrina se aferró más que nunca a Sebastián. No lloraron, pero se los notaba emocionados. Nunca lloran. “No se llora frente a los hijos de puta”, dijo ella un día.

Sin embargo, en pocos minutos una sensación de desazón ganó la escena. No hubo aplausos ni gritos ni llantos en la sala. El retrato de Raquel se elevó en el aire y estalló un canto tibio, ese que reza “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Sabrina y Sebastián, los hijos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, se abrazaron con fuerza y ternura a la vez. Enseguida se sumó a ellos Matías, hijo de Tucho. También afuera, en la calle, acompañaron el canto de los de adentro con un poco más de fuerza que convicción. Era un grito contenido durante treinta años.

Hubo coincidencias en que la sentencia fue histórica, pero no cubrió las expectativas, ni por los montos de pena impuestos ni por la absolución que se dictó contra uno de los acusados. “No era lo que esperábamos, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra. Este juicio sirvió para comprobar que el melli está vivo, así que ahora hay que apostar a encontrarlo, y estamos cada vez más cerca”, afirmó Sabrina tras la lectura de la sentencia. La joven, que hoy tiene 33 años, recuperó su identidad en diciembre de 2008, a partir de una investigación iniciada desde el Registro Unico de la Verdad, un organismo del gobierno entrerriano.

“Los abogados querellantes habían pedido prisión perpetua, pero es la sentencia que hay, y la absolución es la parte más dolorosa que tiene; pero apostamos a una instancia de justicia en la que se les dieron a los imputados todas las garantías, tal como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, no apelando a la venganza, sino a la reconstrucción de la historia a través de la Justicia y en el marco de las instituciones democráticas. Eso es lo que se les dio y lo que hay que defender siempre”, acotó Sabrina.

Entonces la condena dio paso al festival popular convocado por los organismos de derechos humanos para festejar la alegría, para seguir sembrando memoria, verdad y justicia, que es algo más que una consigna. La guitarra de Mazinatra acompañó a Sabrina en su “Canción del Melli”. Luego siguieron los espectáculos. Payasos autoconvocados por la memoria, la murga rosarina La Memoriosa, las chicas paranaenses de Tamvos, Muzingas, Alejandra Mansur y el grupo de rock Actitud María Marta le pusieron color y voz a ese canto a la justicia, en un espectáculo que se extendió por varias horas, desde un escenario montado sobre la calle, hasta que la noche fue cubriendo a la ciudad y esos rostros jóvenes en blanco y negro, sus imágenes, bailaban en las cuerdas que los sostenían frente al edificio de los tribunales federales.

Fuente: Página 12

JUICIO HOSPITAL POSADAS. LUEGO DE LARGA ESPERA DA INICIO

maju — 2011-10-21T10:12:38Z

Este juicio tiene 27 años de postergación. Que finalmente haya comenzado es un triunfo con sabor a poco, porque en ese tiempo varios de los responsables ya han muerto”, dijeron ayer dos sobrevivientes de la represión en el Hospital Posadas, Gladys Cuervo y Carlos Apestegui, en un acto organizado por el inicio del proceso oral por los delitos cometidos en ese centro de salud de Morón.

El Tribunal Oral Federal N˚2 arrancó con la primera audiencia del juicio que también incluye el centro clandestino de detención que funcionó en el hospital, conocido como El Chalet. Unos minutos después de las 10, los cuatro imputados por estos hechos ingresaron esposados a la Sala AMIA, primero el ex dictador Reynaldo Bignone, quien ordenó la ocupación militar del hospital el 28 de marzo de 1976. Lo siguieron el ex brigadier Hipólito Mariani, ex jefe de la Brigada Aérea del Palomar, y Luis Muiña, un ex integrante del grupo SWAT que funcionó en el Hospital. El último en ingresar fue el otro sobreviviente de ese grupo parapolicial, Argentino Ríos, quien fue recibido a los gritos e insultos de Adrián Cuello, hijo una de las 13 personas desaparecidas en el hospital. Como guardia de seguridad, Ríos había sido compañero de trabajo de quienes después secuestró y torturó.

Luego de la lectura de las elevaciones a juicio por 21 casos de privación ilegítima de la libertad y cinco casos de tormentos, el tribunal le ofreció hablar a los imputados. Bignone rechazó su derecho, pero Mariani aceptó. Admitió que en el Posadas existió un grupo “al que llamaban SWAT” con “ostentación visible de armas”, que “respondía al entonces director del hospital Julio Esteves”.

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

UN ACUSADO ADMITIO QUE DURANTE LA ULTIMA DICTADURA FUNCIONO UN CENTRO CLANDESTINO EN EL HOSPITAL POSADAS

“Yo intenté morigerar la actuación de ellos”

Con la intención de despegarse de los cargos en su contra, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet. Fue en el inicio del juicio por la represión en el Hospital Posadas, que tiene cuatro acusados.

En su intento por despegarse de los delitos que se le imputan, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet, que funcionó en el predio del Hospital Posadas. El oficial de la Fuerza Aérea, quien ya fue condenado como responsable de secuestros, torturas y asesinatos en Mansión Seré, fue el único de los cuatro acusados que aceptó prestar declaración indagatoria, ante una sala repleta en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. Por guardar silencio optaron el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, y los civiles Luis Muiña y Argentinos, únicos ex miembros del denominado “grupo Swat” que llegaron vivos el juicio. Mientras Mariani aseguraba que ordenó detener a los represores al asumir como jefe de la Brigada Aérea de Palomar, en enero de 1977, Ríos sufrió un dolor en el pecho y debió abandonar los tribunales de Retiro en ambulancia. El proceso oral y público ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 continuará hoy a las 14.

El juicio por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas se inició ayer, luego de dos postergaciones y a casi tres años desde que el juez Daniel Rafecas concluyera la instrucción de la causa. La audiencia comenzó con la lectura de elevación, en la que se resumen los hechos y las acusaciones, y al mediodía los jueces les dieron la palabra a los represores. Bignone, de 83 años, ex delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social, pasó al frente caminando con bastón sólo para dejar en claro que no iba a declarar. Ríos, de 66 años, que se ganó algunos gritos de “cobarde” cuando entró a la sala con muletas, se limitó a dar sus datos personales, igual que Muiña, de 57 años.

Mariani, de 84 años, reiteró el discurso con el que intentó defenderse durante las indagatorias de los últimos años. Dijo que en enero de 1977 supo “por un anónimo” de la existencia de un grupo parapolicial “al que llamaban Swat”, que hacía “ostentación visible de armas y perturbaba la tranquilidad del hospital” y que “respondía al entonces director del hospital, coronel (médico Julio) Estévez”. “Intenté morigerar la actuación de ellos, pero dijeron que tenían sus propias órdenes a las que atenerse y entonces ordené la detención de todos y los entregué a Inteligencia de la Fuerza Aérea”, declaró Mariani. Aseguró que, una vez trasladados a Palomar, ordenó liberar a todas los cautivos de El Chalet. “No tuve absolutamente nada que ver con ese tema”, intentó defenderse el militar, que a su manera confirmó la existencia del centro de detención en un área militar que el Ejército había delegado a la Fuerza Aérea y que a pesar de múltiples evidencias niega la existencia de detenidos en la base de El Palomar, unidad militar desde la que también partieron vuelos de la muerte, según la investigación del fiscal federal Federico Delgado.

Las certezas de Mariani, igual que en la etapa de instrucción, comenzaron a diluirse ante las preguntas de los fiscales federales Javier de Luca y Guillermo Silva. Indagado sobre el destino de los miembros del grupo de tareas que operaba en El Chalet, el ex brigadier dijo ignorarlo. Sobre los secuestrados, respondió de forma ambigua, invocando la falta de memoria que achaca a sus 84 abriles. “Se los mandó a su casa”, sugirió, aunque dijo ignorar los más elementales pormenores de las supuestas liberaciones. Mariani también insistió sobre una supuesta “confusión histórica” respecto de la orden de operaciones Provincia 2/76, por la cual la Fuerza Aérea se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la subzona militar 16, que abarcó los partidos de Merlo, Moreno y Morón. El condenado octogenario niega esa delegación de funciones, por la cual incluso las comisarías bonaerenses quedaron bajo su jurisdicción.

El juicio ante el tribunal que integran Pablo Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini continuará hoy con la declaración testimonial del Cristina Pfluger, integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas, que tiene a su cargo actualmente la muestra permanente Construyendo Memoria en el Hospital Posadas. La comisión se reúne en el aula “Los Compañeros” de la Escuela de Enfermería, que desde 1999 y con el lema “Por una enfermería con compromiso social” funciona en la casa de dos pisos donde hace 35 años se instaló el centro clandestino El Chalet.

FUENTE: PÁGINA 12